Situación de derechos humanos en Colombia

Contexto Histórico – Colombia

El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años sesenta. A la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional (1958-1978) hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa y la lucha por el acceso a la tierra (Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido una Reforma Agraria). Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición y de una política rural integral explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años sesenta y setenta, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964. A estos grupos se sumó el Ejército Popular de Liberación de Colombia (EPL) en 1967 y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1970.

Desde los años ochenta se han ido produciendo múltiples esfuerzos de construcción de paz, tanto por parte de los actores en conflicto como de la sociedad colombiana. El último de estos intentos, entre el Gobierno del actual mandatario Juan Manuel Santos y las FARC-EP, ha logrado la firma de un Acuerdo Final de Paz el 24 noviembre de 2016, que actualmente se encuentra en proceso de implementación legislativa en el Congreso de la República y la posterior revisión de las normas por parte de la Corte Constitucional; al tiempo que en Quito (Ecuador) el Gobierno adelanta un proceso de diálogo con el ELN.

Proceso de paz con las FARC-EP – Antecedentes

El 27 de agosto de 2012, en una alocución televisiva el presidente confirmaba a la sociedad colombiana que el Gobierno había iniciado acercamientos con las FARC-EP para el inicio de unos diálogos de paz que pusieran fin a cincuenta años de conflicto armado interno. Un día antes, las partes habían firmado el“Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera“, el cual establecía una hoja de ruta de cinco puntos: 1) política de desarrollo agrario integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; y 5) víctimas. Las negociaciones se plantearon bajo el principio de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado.

A mediados de octubre de 2012 tuvo lugar la instalación formal de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC en Oslo (Noruega, país garante), que un mes después (19 de noviembre) se trasladaron a La Habana (Cuba) para dar comienzo a la discusión sobre la agenda acordada. En mayo de 2013, y tras el fin del noveno ciclo de conversaciones, las partes llegaron a un acuerdo sobre tema agrario, el primer punto de la agenda [Ver el borrador completo]. Desde el inicio de las conversaciones, se habían llevado a cabo encuentros regionales en todo el país, que, liderados por las Comisiones de Paz del Congreso, se encargaron de recoger las opiniones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para llevarlas a la mesa de diálogos de La Habana. Asimismo, se celebraron encuentros de las Comisiones de Paz de la Cámara de Representantes en varias ciudades europeas, para recoger las aportaciones de exiliados y emigrantes colombianos.

En junio de 2013 se empezó a discutir el segundo punto de la agenda, el de la participación política. Uno de los aspectos más difíciles de la discusión fue el de la propuesta de las FARC de crear una constituyente, a lo que se opuso rotundamente la delegación gubernamental. Como en el primer punto de la agenda, un centro de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas organizaron, en Bogotá, un foro de participación política, en el que diferentes sectores de la sociedad pudieron hacer sus propuestas para ser consideradas en las negociaciones de Cuba, además de los distintos foros regionales que se siguieron desarrollando en distintas partes del territorio nacional. El 6 de noviembre de 2013 se dio a conocer el acuerdo sobre participación política.

El tercer punto sobre cultivos ilícitos y drogas inició el mismo mes de noviembre de 2013 y concluyó a mediados de mayo de 2014, tras cinco meses de negociaciones. Entre las medidas acordadas figuran la presentación de alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, abordar el consumo con un enfoque de salud pública, la participación ciudadana en asambleas comunitarias para la resolución del problema, la creación de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la sustitución manual de los cultivos en los casos en que los cultivadores manifiesten su decisión de no participar en el programa, asegurar el desminado de las zonas cocaleras, la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, fortalecer la presencia y efectividad institucional en la investigación y sanción de delitos asociados al narcotráfico y promover una conferencia internacional en el marco de la ONU para reflexionar sobre la lucha contra las drogas [Ver el borrador completo].

En agosto de ese mismo año también tuvo lugar la reunión de la primera delegación de 12 víctimas con ambas partes en La Habana. La lista de los asistentes fue confeccionada por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas (PNUD), siguiendo unos criterios previamente consensuados. En total, a la mesa de conversaciones asistieron cinco delegaciones de víctimas entre agosto y diciembre de 2014.

El objetivo de las mismas era aportar insumos desde la perspectiva de las víctimas al debate sobre el punto cinco, que las partes mantenían en La Habana desde junio de 2014 (Ese mismo mes Santos es reelegido como presidente de Colombia). La creación de estas cinco delegaciones puso en evidencia que el sistema de representatividad existente hasta el momento, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas no era un mecanismo en el que todas se sintieran recogidas.

El punto 5 fue uno de los más controvertidos y difíciles, en el marco de las negociaciones, al cual se puso fin el 15 de diciembre de 2015 [Ver el borrador completo]. En él se contempló la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que actúan de forma coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz.

Previamente, en marzo de 2015, las FARC y el Gobierno llegaron a un acuerdo histórico de desminado humanitario conjunto del territorio, con la ayuda de la organización civil Ayuda Popular Noruega (APN), que lidera y coordina la implementación del proyecto piloto en El Orejón (Antioquia) y Santa Elena (Meta). Este hecho puso a trabajar conjuntamente por primera vez a miembros de la guerrilla y del Ejército nacional, al tiempo que sirvió como mecanismo de construcción de confianza entre las partes, a pesar de que el presidente había asegurado al inicio de las conversaciones que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado.

El 24 agosto de 2016, cuatro años después del anuncio del inicio de las conversaciones, las dos delegaciones de paz anunciaron el acuerdo para el fin del conflicto, el cual establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (que entró en vigor el 29 de agosto de 2017), así como un cronograma preciso para la dejación de todas las armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Este último proceso se acordó que estaría acompañado por la verificación de Naciones Unidas [Ver borrador completo].

Ese mismo día (24 de agosto 2016), en una nueva alocución presidencial, el mandatario Juan Manuel Santos confirmaba el fin del ciclo de negociaciones con las FARC y anunciaba la firma del Acuerdo Final el 26 de septiembre en Cartagena de Indias. El documento tendría que ser suscrito por los colombianos y colombianas una semana después, el 2 de octubre, una decisión con la que las FARC-EP nunca estuvieron de acuerdo.

Luego de una campaña muy divida, los resultados del plebiscito arrojaron que un 50,21% de los colombianos No apoyó el acuerdo firmado con las FARC, ante un 49,78% que Sí lo hizo.

Los resultados tan ajustados, el bajo índice de participación (37,43%) y la importante presión y movilización de la ciudadanía en las distintas calles del país llevaron a un nuevo ciclo de negociaciones entre las partes y los distintos actores políticos más influentes a favor del No y del Sí. Todo ello llevó a la firma de un nuevo acuerdo, esta vez en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, que fue refrendado por el Congreso el 30 de noviembre.

Sin embargo, horas antes de su firma, el Gobierno añadió al documento una fe de erratas, la cual eliminó la definición de responsabilidad por línea de mando recogida en el Artículo 28 del Estatuto de Roma y dispuso unas consideraciones para el trato a agentes del Estado. Ello, en la práctica, implicó eliminar la máxima responsabilidad de altos mandos militares, abriendo de par en par las puertas de la impunidad para los altos mandos militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Proceso de paz con el ELN – Antecedentes

Desde el inicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, el presidente Santos manifestó la voluntad del Estado de iniciar un proceso similar con el ELN, a lo que la guerrilla respondió positivamente. Sin embargo, solo hasta principios de 2017 se logró que los distintos intentos llegaran a buen puerto.

Cuatro días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, e inmediatamente después de que el Gobierno y las FARC sellaran un preacuerdo para abordar el tema de las víctimas, el presidente Santos anunció, el 10 de junio de 2014, que desde enero de ese año, el Gobierno mantenía contactos exploratorios con la segunda guerrilla más grande del país, después de unos primeros contactos a finales de 2013. 2014 inició así con un largo encuentro de 21 días en Ecuador en el mes de enero, que luego se repitió en una segunda ronda en Brasil, de 20 días, además de otras reuniones de corta duración.

En un comunicado conjunto del ELN y del Gobierno, fechado el 10 de junio, las partes informaron que la agenda de conversaciones incluiría los puntos de víctimas y de participación de la sociedad; este último punto, uno de los condicionantes más importantes de la guerrilla para la negociación con el Gobierno. Los demás temas quedaban por acordar.

El 7 de enero de 2015, el ELN celebró su V Congreso, en el que señaló un aspecto que tuvo una amplia difusión nacional e internacional cuando “Gabino”, su máximo líder, afirmó: «asistimos a ese diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas».

Paralelamente, en una entrevista realizada al jefe militar del ELN, Antonio García, este señaló, por primera vez, y después de 15 reuniones con el Gobierno (la última duró 13 días), algunos detalles de los avances en la fase exploratoria. Según él, «los puntos que se han ido trabajando y aún faltan por concluirse son:1- Participación de la sociedad civil. El objetivo es que el proceso de paz incida o modifique el curso mismo de la dinámica política que el país conoce y ve. 2- Democracia para la paz. La discusión y definición de qué debe hacerse para darle vida a una democracia plena, real, aspecto que le corresponde asumirlo a la sociedad en pleno. 3- Transformaciones necesarias para la paz(aún sin tratar). Los aspectos por transformar los debe identificar la misma gente, tomando en cuenta que la paz no tomará forma y contenido un día después de los acuerdos. 4- Víctimas. Es fundamental superar el conjunto: el desplazamiento y sus causas, verdad, justicia, reparación, no repetición, perdón y no olvido. 5- Fin del conflicto armado (aún sin tratar). 6- Implementación del acuerdo y refrendación de los mismos».

Sin embargo, la agenda no quedó definida hasta marzo de 2016, cuando se consensuó el “Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional” [Ver documento]. Ahora bien, la sociedad colombiana todavía tendría que esperar un año más para la instalación formal de la mesa de negociaciones, que finalmente se produjo en Quito (Ecuador) el 7 de febrero de 2017. Antes hubo varios intentos y anuncios sobre el inicio de las conversaciones, especialmente en mayo y diciembre de 2016, iniciativas que luego iban acompañadas de una nueva escalada dialéctica entre las partes que frenaba cualquier tentativa.

Cabe destacar la gran importancia de iniciativas ciudadanas para presionar a las partes que se sentaran a la mesa de negociaciones, tales como Mesa Social para la Paz y Paz Completa.

Actualmente (junio 2017), la fase de negociaciones pasa por su segundo ciclo de encuentros con la voluntad manifiesta de las partes de llegar a un acuerdo de paz; a pesar de que el panorama electoral que se avecina para el próximo año es un factor de incertidumbre y desestabilización, que genera serias dudas sobre la continuidad de los mismos.

Contexto Actual

Colombia vive actualmente un periodo de grandes oportunidades políticas para la consolidación de la democracia y el Estado social de derecho, producto delAcuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, y el inicio formal de las conversaciones de paz con el ELN. Para las víctimas, este momento representa una oportunidad de materializar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, los cuales han sido históricamente negados por un sistema judicial ineficaz, en el que muchos acusados de abusos de derechos humanos, como agentes estatales de alto nivel y miembros de grupos paramilitares, no son procesadas adecuadamente por sus delitos.

Con el objetivo de dar respuesta a los mismos, en el marco del Acuerdo Final con las FARC-EP se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, el cual tiene entre sus componentes la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD.

Estas instituciones transitorias tendrán, entre otras funciones, esclarecer e identificar las responsabilidades individuales y colectivas de los distintos actores en el marco del conflicto armado. Es por ello que serán los principales escenarios a los que las víctimas recurrirán en busca de satisfacer sus derechos. Como insumo, estas instituciones recibirán informes de entidades del Estado que han adelantado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos, así como de organizaciones de derechos humanos y de víctimas.

Para la regulación jurídica y legislativa de todos estos organismos, así como para el resto de componentes que se desprenden del Acuerdo Final, el Gobierno solicitó a la Corte Constitucional la otorgación de facultades extraordinarias al presidente y al Congreso de la República por vía del denominado fast track (vía rápida). Este es un mecanismo que reduce en el Congreso el número de debates que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales.

Sin embargo, la aprobación legislativa de las normas que dan vida legal al Acuerdo se ha extendido más allá de lo previsto y el Acuerdo ha sufrido modificaciones en el transcurso de los debates desarrollados en el Congreso, algunas de las cuales han sido desfavorables para los derechos de las víctimas. Un ejemplo es la eliminación de la responsabilidad de terceros en la financiación del paramilitarismo, sólo en aquellos casos en los que se pueda demostrar sistematicidad e intencionalidad. Inicialmente, las facultades extraordinarias que otorga el fast-track estaban vigentes hasta el 29 de mayo de 2017, pero fue necesario solicitar una prórroga de seis meses, hasta el 29 de noviembre del presente año.

Finalmente, y después de muchas dificultades en Senado y Cámara por falta de quórum en las sesiones, el SIVJRNR fue aprobado en el Congreso de la República el 13 de marzo de 2017, en un día en el que las víctimas hicieron presencia en el recinto con pancartas y fotografías para exigir celeridad en el proceso de implementación [Ver foto]. Sin embargo, el texto todavía está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional, que debe declararlo exequible. Posteriormente, el 5 de abril de 2017, Santos firmó los decretos presidenciales que dan vida, tanto a la CEV, como a la UBPD y al Comité de Escogencia, encargado de seleccionar las personas que dirigirán e integrarán estos organismos. Los tres textos también están pendientes de aprobación en la Corte.

Otra legislación clave en el actual proceso de implementación y construcción de confianza es la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales, aprobada el 30 de diciembre de 2015, por la cual se dictan las medidas especiales para la salida de guerrilleros de las FARC de las cárceles y centros penitenciarios.

En caso de que no se hubiera cumplido con un período de reclusión mínimo de 5 años, los guerrilleros deben trasladarse a las denominadas Zonas Transitorias de Normalización (ZVTN), áreas definidas, delimitadas y concertadas entre el Gobierno y las FARC-EP para llevar a cabo el proceso de entrega de armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad y la reincorporación a la vida civil. Sin embargo, la implementación del proceso no está excenta de dificultades; para la aplicación de la Ley de Amnistía, las FARC entregaron al Gobierno Nacional un listado de 3400 guerrilleros privados de la libertad, de estos hasta el pasado 30 de junio, el Gobierno solo había reconocido 2500 y de estos solo 832 personas habían recuperado su libertad ya sea como beneficiario de una amnistia o indulto o de una suspensión de la pena de prisión mientras se instala la Juriscción Especial de Paz, lo que ocasionó que ne la primera semana de julio mas de 1400 detenidos/as de las FARC y uno de sus Comandantes mas reconocido y Vocero durante el proceso de dialogo entraran en una huelga de hambre indefina solicitando que se resolviera su sitaución y fueran puestos en libertad o llevados a las Zonas Veredales de Transición y Normalización, según sea el caso.

De otra parte la JEP, así como muchas otras leyes nacientes del Acuerdo de La Habana aún no han tenido trámite en el Congreso, quien deberá tramitar en el segundo semestre de 2017 la aprobación de una ley estatutaria que reglamente la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) y muchas otras en un ambiente enrarecido por la campaña electoral que se avecina y con una perdida de las mayorías legislativas para el Gobierno, por lo que no se espera un transito pacifico de estas leyes, lo que afecta enormemente la seguridad jurídica del proceso.

Así se refirió recientemente el jefe negociador de, las FARC, Iván Márquez, al respecto, en una entrevista con Caracol Radio: “Nosotros decimos que si la Justicia Especial para la Paz es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso de paz”.

A este escenario se suman las preocupaciones que genera el incremento exponencial de casos de amenazas y asesinatos de líderes sociales. En la última década, el fenómeno paramilitar se ha expandido hasta el punto que, en 2016, hizo presencia en 344 municipios, de los 1.102 que tiene Colombia, gracias a sus continuados vínculos con la Fuerza Pública, según recogió la organización Indepaz. El Estado, y en especial la Fiscalía, no han mostrado voluntad de investigar ni procesar a los dirigentes políticos, mandos militares y policiales que podrían estar detrás del paramilitarismo. Cerca de 17.000 de estos poderosos personajes fueron mencionados en confesiones realizadas entre 2005 y 2017 por antiguos paramilitares, sin que la Justicia los haya investigado.

Desde el año 2015 se ha dado un recrudecimiento de amenazas y agresiones contra estos activistas de la paz.

Entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, la Defensoría del Pueblo de Colombia registró, al menos, 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Del total de personas asesinadas, 14 eran mujeres. Desde el 2 de octubre, fecha de la realización del plebiscito, hasta el 8 de febrero fueron asesinados 40 líderes sociales, es decir, 1 cada 3 días.

A su vez, en febrero de 2017 la Revista colombiana Semana señalaba: “Las alarmas están encendidas. A los lugares de los que salieron las Farc están llegando, antes que la fuerza pública, otros grupos armados ilegales”. El problema afecta principalmente a las regiones donde predominan las economías ilegales como la siembra coca y la minería, y donde otros grupos armados hacen presencia.

La constatación de estos fenómenos ha llevado a las ONG de derechos humanos de Colombia a denunciar los hechos y a exigir al Estado colombiano medidas efectivas para la terminación de las prácticas y actores que ponen en riesgo a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas acciones de exigibilidad confluyeron en la propuesta de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, presentada en marzo de 2016 a la mesa de conversaciones de La Habana. Dicha propuesta, finalmente se materializó con la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en febrero de 2017, encargada del diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Sin duda, esta comisión deberá impulsar acciones prontas para golpear a las estructuras paramilitares y lograr que el Estado proteja a los lideres sociales.

De otra parte, el Estado colombiano continúa impulsando procesos judiciales y detenciones arbitrarias contra lideres/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos, como mecanismo de represión de la movilización y liderazgo social.

En marzo de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2016 sobre la situación en Colombia, “registró 11 casos de captura y detención de defensores de derechos humanos en áreas rurales con la presencia de actores armados” y denunció que “estos arrestos a menudo resultan en detenciones prolongadas antes de que el acusado sea liberado por falta de pruebas”. Por su parte, la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todos (Campaña DLAT) alertó que en el año 2016 se registraron 336 personas heridas, 367 personas detenidas y 6 asesinadas en contextos de movilización social en Colombia.

La permanencia de la práctica de las detenciones arbitrarias y de la utilización de la fuerza en contra de la ciudadanía que exige derechos va en contravía de las condiciones necesarias para la construcción de la paz, ahora que el Estado y la sociedad se preparan para la implementación del Acuerdo Final.

Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil han insistido en que debe ser el diálogo social y la participación democrática los mecanismos utilizados por el Estado para responder a las exigencias de la ciudadanía colombiana, especialmente la más excluida y vulnerable.

Como se ve, Colombia avanza en su proposito de dejar atrás la guerra, sin embargo la violencia paramilitar, la persecución a lideres sociales, el respeto a las libertades ciudadanas, la profundización de la Democracia y el cumplimeinto mismo de los Acuerdos con los que se puso fin al conflicto con las FARC siguen siendo asignaturas pendientes.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos*

Julio de 2017

Fuente: Escola de Cultura de Pau – Vicenç Fisas