Situación en la Guajira

El 13 de septiembre se cumplieron 10 años de la aprobación de la declaración de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas. Tras estos diez años no se dan en Colombia unas condiciones mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas, la declaración de las Naciones Unidas no ha tenido ningún efecto favorable en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas; por el contrario, alguno de estos pueblos están en vía de desaparecer por el abandono de las instituciones del Estado, la militarización, el robo de sus tierras por parte de empresas multinacionales, los continuos hostigamientos a que están sometidos, las amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos por parte de los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública del Estado que tiene la obligación constitucional de protegerlos. Quizá es lo que podíamos esperar del hecho de que Colombia no votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas

El logro fundamental de la Declaración es el reconocimiento del derecho a la tierra y al territorio, no como derecho económico, sino como derecho humano por la relación que existe entre las poblaciones indígenas y la Madre Tierra. Uno de los mayores atentados contra los pueblos indígenas viene de la minería.

Aprovechando una legislación flexible aprobada en 2001, particulares y empresas pidieron títulos mineros (licencias de exploración y explotación) para 20 mil concesiones que cubren 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar páramos (el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana), ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios de colectivos afrodescendientes.

La expansión de la minería en Colombia, con minas como El Cerrejón en la Guajira, Cerro Matoso en Córdoba, explotaciones de carbón en el Cesar, hierro en Cundinamarca, oro en Antioquia o La Colosa en Tolima, se vio favorecida por los bajos impuestos establecidos a estas explotaciones por el Gobierno (más reducidos que en otros países sudamericanos) que favorecían a las grandes multinacionales. El avance en la ofensiva contra la guerrilla y la militarización del país bajaba a su vez el riesgo en las inversiones. Incluso se vio favorecido el crecimiento de la minería por los grupos narco-paramilitares, que utilizaron el sector para blanquear los ingresos de la exportación de droga, cobrando sus ventas en oro que introducían ilegalmente en Colombia y lavaban facturando dicho oro como producción propia.

Juan Manuel Santos sigue apoyando a las empresas mineras; en el cierre del Congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que se realizó en mayo en Cartagena, el Presidente le dio su respaldo al sector después de que el pasado 26 de marzo el municipio de Cajamarca votara en contra de la explotación de oro en La Colosa.

El 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y esto tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales, quienes son las que más sufren los daños ambientales, culturales y socioeconómicos causados por estos megaproyectos. De hecho, el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares.

Esta apuesta por la minería en Colombia nos lleva a preocuparnos por el incremento del desplazamiento forzado, el robo de tierras ancestrales por parte de empresas mineras, agrícolas y ganaderas nacionales y multinacionales que llegan al país apoyados por un gobierno que les ha entregado el territorio sin importarle que los pueblos originarios mueran de hambre y sed.

En Colombia un 30% de las zonas explotadas por la minería son territorios indígenas.

El Cerrejón, en el extremo nororiente, en la Guajira, explotada por una sociedad de las multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí, explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billiton, al noroccidente, en Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en ferroníquel, la preciada aleación con la que se fabrica el acero inoxidable. Sin embargo las comunidades que viven en los alrededores de estas explotaciones mineras viven en completa miseria y con problemas de salud por la contaminación de cultivos y alimentos en sus territorios.

Después de la firma el 26 de agosto 2016 en Cartagena del acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) , han sido asesinados 118 líderes sociales, entre los que se cuentan 30 mujeres. De estos asesinados hay 35 indígenas (26 hombres y 9 mujeres) líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, madres de familia que decidieron organizarse y junto a los hombres luchar por la defensa del territorio, de la Madre Tierra, el agua, el medio ambiente, la soberanía alimentaria y la vida digna. La mayoría de estos crímenes a las poblaciones indígenas son cometidos en los departamentos del Cauca, Nariño, Guajira y Chocó.

En la Guajira se esta llevando a cabo un exterminio contra la comunidad wayúu, en completo abandono estatal. Las causas son la corrupción en las instituciones del Estado y la voracidad de la empresa Cerrejón. Esta empresa lleva 35 años explotando el desierto guajiro con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, cuyo proyecto inicial era la explotación de 39 mil hectáreas de tierra y hoy lleva 70 mil hectáreas de bosque y tierra arrasada, desplazando violentamente a comunidades.

En julio de 2012 fue creado un nuevo “Batallón Especial Energético y Vial nº 17 (unos 900 hombres) y desplegado en la Guajira para “desarrollar operaciones de control territorial, psicológicas y de seguridad y defensa con el objeto de proteger la infraestructura carbonífera del complejo del Cerrejón, así como la vía férrea de 138 Km que une ese punto con Puerto Bolivar.”

El escuadrón móvil antidisturbios de la policía (ESMAD), también al servicio de la multinacional Cerrejón, ha desalojado violentamente a los habitantes de varias poblaciones afrodescendientes como Roche, Chancleta, Tabaco, Patilla, hiriendo a pobladores con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

La etnia wayúu habita en la Guajira desde hace miles de años. Cuando se construyó el puerto de embarque del Cerrejón usurparon gran parte de su territorio ancestral, tierras que fueron cedidas bajo amenazas.

Posteriormente 350 indígenas fueron desplazados de Caracolí y Espinal a causa de las acumulaciones de basuras y desperdicios tóxicos. También de Puerto Bolívar, donde habitaban 750 wayúu y más recientemente del parque eólico Jepirachi, cuya producción energética solo beneficia al puerto mismo de El Cerrejón.

Cerrejón deposita sus residuos tóxicos como presión para que salgan y abandonen las tierras, también ha arrojado estos residuos en las lagunas y arroyos y se han secado 26 de estas fuentes de agua de donde se abastecían las comunidades indígenas de la Guajira. Cerrejón pretende ahora desviar el arroyo Bruno, que nace en la Serranía del Perijá y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes de agua del departamento de la Guajira. Según la empresa minera, el arroyo Bruno además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho, por lo que es esencial el desvío para los planes de expansión de la mina. Hace un par de años desviaron un tramo del río Ranchería porque debajo había 500 millones de toneladas de carbón, construyendo una presa para llevar su agua a las instalaciones de la mina para el proceso de lavado del carbón. Hoy Cerrejón busca algo parecido a menor escala. Cerca de 80 familias indígenas que viven a menos de 10 metros del arroyo Bruno, serían los desalojados de sus tierras por parte de la empresa minera Cerrejón

Las comunidades wayúu denuncian los planes del complejo carbonífero de desviar otros dos arroyos a futuro. Según ellos, las diferentes intervenciones en fuentes hídricas han condenado a los indígenas a la sed y el hambre. En total, 15 afluentes del río Ranchería, el principal del departamento, han sido desviados, reduciendo drásticamente su caudal. La empresa utiliza 35 millones de litros de agua al día para el lavado de las impurezas del carbón para poder exportarlo.

La Guajira debe ser declarada lugar sagrado para la protección de sus fuentes hídricas, ya que es un territorio en un 70% mayormente desértico, en donde la escasez y la falta de agua son provocadas por la mega minería del Cerrejón, agravando la situación humanitaria en el territorio wayúu; organizaciones del pueblo wayúu, residente en la zona, han clamado por el cese de las obras.

En ocho años, desde 2007 a 2015, murieron por sed, hambre y enfermedades relacionadas con la desnutrición, 4.770 niños wayúu. En esa cifra se incluyen madres adolescentes, entre 13 y 15 años, en periodo de gestación y lactancia. Esta tragedia llevó a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las concedió a finales de 2015.

A pesar de ello, en 2016 murieron otras 90 niñas y niños por hambre, sed y enfermedades relacionadas con la desnutrición, según denuncian la abogada Carolina Sáchica y el líder de la organización Shipia Wayúu Javier Rojas, y aproximadamente 37.000 niños y 9.000 mujeres Wayúu se encuentran en situación de riesgo. “El Gobierno aún no toma medidas reales para evitar el exterminio sistemático y eso se refleja porque los niños siguen muriendo a pesar de esta decisión de la CIDH”, explicó Rojas.

En el 2017 han muerto y 27 niñas y niños.

En la resolución de la CIDH, se pide al gobierno se les garantice alimentos, el agua potable en cantidad y calidad suficiente y el servicio de sanidad adecuado a sus costumbre y cultura.

También son muchos los animales que han muerto por falta de alimento y agua, los cultivos no producen nada, se han secado y los indígenas wayúu deben ir hasta la carretera a buscar agua o ubican molinos o pozos cercanos, (aproximadamente 15 o hasta 20 kilómetros de distancia) en busca del preciado liquido, mientras tanto el agua se encuentra en la represa construida por la empresa Cerrejón, lo cual ha vulnerado el sustento propio de las comunidades, teniendo en cuenta que es un pueblo indígena con vocación agrícola.

De igual manera, la minería ha empobrecido los suelos; la desaparición de una decena de arroyos tributarios del Ranchería y la contaminación de las aguas superficial y subterráneas; la extinción de casi 12.000 hectáreas de bosque seco tropical; el desplazamiento de sus propios territorios de más de 20.000 guajiros y la destrucción de más de 10 poblados.

El pasado 30 de diciembre, el Gobierno colombiano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión de las medidas cautelares vigentes en favor de los wayúu.

Para justificar el levantamiento de las medidas, el Gobierno indicó que se había conformado una mesa técnica de agua, que se han entregado 380 millones de litros de agua en 312 camiones cisterna y que se sigue entregando el líquido en las comunidades wayúu. También, que hay 222 proyectos de soluciones de agua entre arreglo de pozos, desalinizadores y arreglo de jagüeyes, de los cuales 86 están terminados. El gobierno instaló una línea telefónica en Riohacha para que los indígenas denuncien los casos de desnutrición de los niños.

Los wayúu, quieren que no les sigan robando sus ríos, donde ellos realizan la actividad de la pesca para su sustento,

Por su parte el líder Javier Rojas, de la Asociación Shipia Wayúu, asegura que hace mucho tiempo que viene escuchando lo mismo, por lo que es algo incrédulo, ya que los niños siguen muriendo. Le parece “un acto de crueldad la indolencia del Estado por la situación de nuestra niñez”, aseguró.

Se mostró en desacuerdo con varias de estas medidas, por ejemplo la línea telefónica que se habilitó, ya que los wayúu en las rancherías no tienen teléfonos fijos y muchos menos internet. Agrega además que quienes contestan en estas líneas no son wayúu y no hablan wayuunaiki, (la gran mayoría de los indígenas wayúu no hablan español).

El líder indígena Javier Rojas Uriana, ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, siendo obligado a desplazarse constantemente del territorio.

En las concesiones mineras de Colombia un 30,5% de las zonas explotadas eran de propiedad indígena.