Ser líder o lideresa social en Colombia. La impunidad de la violencia en tiempos de Paz

Ser líder o lideresa social en Colombia. La impunidad de
la violencia en tiempos de Paz.

Ángela Suárez Jaimes

INTRODUCCIÓN
Según la Defensoría del Pueblo entre enero de 2016 y agosto de 2018
se han recogido al menos 333 asesinatos de líderes y lideresas
sociales 1 .
Comienza a ser igual de habitual como de peligroso la normalización
que se viene dando en torno a la violencia ejercida hacía los
defensores y defensoras de derechos humanos. Aunque no hay una
cifra oficial y varía dependiendo de la institución que haga la
investigación, alrededor de 108 2 líderes y lideresas sociales han sido
asesinados desde los Acuerdos de La Habana 3 . Una realidad que
probablemente continúe aumentando y que se contrapone a la
coyuntura de un país en busca de la paz.
Aunque no estamos ante un fenómeno nuevo resulta difícil entender
como tras los acuerdos las personas se siguen convirtiendo en
números que visibilizan las consecuencias de la violencia. El escenario
postconflicto se aleja de la lógica de violencia vivida hasta el
momento; enfrentamiento entre varios bandos organizados, pero da
paso a agresiones unilaterales de nuevo con un componente de
impunidad y tolerancia absolutamente intolerable para cualquier país.
Colombia se encuentra en un contexto complicado, pero no menos de
los que ya ha vivido y superado. El camino hacia la paz reclama del
1 A esta cifra habría que añadirle las amenazas, agresiones e intentos de homicidio.
2 La Paz en el Terreno
3 De acuerdo con las estadísticas del Programa Somos Defensores, en los dos
gobiernos del Presidente Juan Manuel Santos han sido asesinados 346 líderes y
lideresas.
compromiso por la garantía de la seguridad y la vida de todos y cada
uno de los colombianos y colombianas. Acabar con la guerra abierta
que ha destrozado el país exige hacer un profundo ejercicio de
reflexión y aprendizaje que asegure la no repetición de los hechos.
El presente análisis pretender ver qué esfuerzos se están llevando a
cabo para erradicar la violencia hacia los defensores y defensoras y de
qué manera están siendo o no eficaces. Entender esto, es entender el
contexto actual del país y el posible rumbo hacia la consolidación de la
paz.
SER UN LÍDER O UNA LIDERESA SOCIAL EN COLOMBIA
Artículo 1 DUDH 4 ; “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”
Los Derechos Humanos a menudo son desconocidos o difíciles de
explicar, sin embargo, su ausencia siempre resulta tan clara como
peligrosa. En Colombia son muchas las regiones que han sabido
reconocer sus derechos a través de su ausencia y esto en gran parte ha
sido gracias al trabajo realizado por líderes y líderesas sociales. Personas
anónimas que se convirtieron en la cara visible de juntas de acción
comunal y de organizaciones municipales defendiendo condiciones
laborales dignas, igualdad de oportunidades, salud de calidad, igualdad
de género, conservación del medio natural, reivindicación del bienestar
social de sus vecinos o mejoras en la calidad de vida de las
comunidades.
Si tenemos en cuenta el propio acuerdo veremos que con el mismo se
promueve la “conciencia de los derechos de los otros y las otras, y el
compromiso con su respeto y con la promoción de relaciones de
convivencia y coexistencia social, sobre la base de la tolerancia y del
4 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
respeto”. Esto es una buena descripción del trabajo que vienen
realizando los defensores y defensoras de derechos humanos en sus
respectivas comunidades.
Cumplen funciones de liderazgo y representan diferentes procesos de
lucha social desde una perspectiva colectiva, en un entorno en la
mayoría de las veces hostil y de absoluta confrontación con sectores de
poder. Asumir este rol comporta un riesgo tanto personal como familiar.
Y esto resulta a la vez tremendamente peligroso para la sociedad en su
conjunto. Un país en busca de la paz no puede permitirse que la defensa
de los derechos humanos sea sinónimo de estar en riesgo, defender la
vida no puede costársela a quién la defiende.
Aunque tal y como hemos visto, no hay un registro oficial y compartido
en torno al número real de víctimas de este proceso. Es un fenómeno
que va en aumento y ha sido reconocido por el propio estado
colombiano incluyéndolo en las medidas de reparación colectiva de
carácter nacional.
Podemos afirmar que estamos ante un cambio en el paradigma, el
conflicto armado da paso al conflicto sociopolítico, las luchas se sitúan
entre mantener el control sobre actividades económicas (ganadería,
multinacionales…) tanto legales como ilegales (narcotráfico, minería…) y
defender los intereses y derechos de las comunidades. En palabras del
Representante del Alto Comisionado de la ONU Alberto Brunoni; “antes
se moría por luchar contra el Estado y ahora muchos mueren por
defender que se cumplan las políticas del Estado”. Las víctimas se
focalizan en la población civil, los grupos de poder se multiplican y
dificultan el análisis de la situación, así como a los responsables de las
agresiones y amenazas. Esto facilita un proceso, que veremos a
continuación, que nos impide identificar a los victimarios y que encima
posibilita la estigmatización de las víctimas.
Estigmatización
Los matan por líos de faldas, disputas vecinales, apoyo a grupos
guerrilleros, son aliados del terrorismo o narcotraficantes. Estas son solo
algunas de las acusaciones que se vierten sobre los líderes y lideresas y
su trabajo. Incluso el propio ministro de defensa un año después de los
acuerdos hizo las siguientes declaraciones; “los asesinatos de líderes
sociales en las regiones son frutos de un tema de linderos, de un tema
de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.
Es un claro ejemplo de cómo se está utilizando un discurso
estigmatizante hacia los líderes y lideresas, convirtiéndolos en casos
individuales sin ningún tipo de conexión y lo que es peor aún, llegando
incluso a justificar la violencia que sufren.
Por esto es esencial señalar que es igual de importante visibilizar y
concienciar a la población sobre el trabajo de estas personas para evitar
su estigmatización como garantizar su seguridad. Cuando la sociedad
sea consciente de qué supone perder a hombres y mujeres que se
dedican a implementar derechos humanos en sus territorios se evitará el
riesgo de la estigmatización y se permitirá entender porqué las
agresiones y asesinatos que sufren no pueden entenderse desde una
perspectiva aislada o individual . Conocer su trabajo de defensa de la
vida, el agua, la tierra o los recursos públicos entre otros, es entender
las razones que les llevan a convertirse en el blanco de amenazas y
asesinatos. Darles visibilidad por su lucha constante en su trabajo y no
solo cuando aparecen como un nuevo caso de violencia sin duda
también ayuda a evitar su estigmatización y evitarla es una de las
claves para su seguridad.
Las amenazas y asesinatos no pueden convertirse en cifras, las personas
no pueden pasar a ser números, porque entonces estaremos ante un
proceso deshumanizante en el que simplemente es la cifra la que
aumenta y no la impunidad y la violencia a nuestro alrededor. Es
importante visibilizar y tratar este tema dotándole de la verdad e
importancia que merece.
Impunidad
Otro de los elementos fundamentales a la hora de entender qué ocurre
con los líderes y lideresas sociales es la impunidad de las agresiones que
sufren. Cada ataque que no es reconocido y especialmente rechazado
por el Estado y la sociedad en su conjunto acumula una peligrosa
percepción de impunidad e inseguridad que acaba generando un clima
de censura, en el que la defensa de los derechos humanos se vuelve
letal.
Cuando asesinan a un líder social nos quitan a una persona que defiende
herramientas necesarias para mejorar la vida de las personas. Por lo
tanto, el rechazo debe darse por parte de toda la sociedad, tiene que ser
imperativo y debe nacer del convencimiento de la importancia de la
labor de estas personas para la sociedad en su conjunto. Proteger a los
líderes y lideresas es proteger las ciudades y sobre todo es defender las
zonas rurales, es crear una sociedad activa y consciente de sus
derechos. Crear garantías de seguridad también debe pasar por
combatir la impunidad, incentivar el reproche social y evitar de nuevo la
justificación de la violencia. Para ello es necesario crear conciencia sobre
el trabajo de defensa de derechos humanos, haciendo partícipe a toda la
sociedad visibilizando que no se está atacando a un defensor o
defensora de derechos humanos, se está atacando a toda el país.
Aunque la impunidad puede ser reprochada a varios actores, el más
importante es el Estado. Si no hay una sanción oficial y contundente, la
sensación de impunidad ensucia cualquier avance hacia la consolidación
de la paz y muestra la debilidad o falta de voluntad de actuar por parte
del mismo. El modelo que encaminó el país en los acuerdos deja atrás la
violencia como respuesta política y tiene que evitar a toda costa los
ataques en contra de la defensa de los derechos humanos. No hay
democracia posible sin la garantía de la defensa de los derechos
humanos, perder a los líderes y lideresas sociales es perder también el
futuro del país y retroceder en la consolidación de la paz.
EJERCICIO DE LA VIOLENCIA: ¿CÓMO SON LAS AGRESIONES?
En el siguiente gráfico vemos una clasificación del tipo de amenazas que
vienen sufriendo los líderes y lideresas sociales después de los acuerdos.
Imagen 1- Tipo de amenaza. Elaborado por La Paz en Terreno
En relación a los datos recogidos analizamos las siguientes pautas:
1. En la mayoría de los ataques no se recibió amenaza previa.
2. Si atendemos al segundo porcentaje más alto, vemos como no
tenemos información del tipo de amenaza que sufrieron.
3. El tercer porcentaje más alto lo representan los líderes y lideresas
que no denunciaron.
4. El resto de porcentajes lo representan los líderes y lideresas que sí
denunciaron de una manera u otra pero que finalmente fueron
asesinados.
En la primera pauta analizada vemos como aumentan los casos en los
que ni siquiera se amenaza previamente y se asesina directamente. Esto
nos hace entender el riesgo innato que en estos momentos supone ser
líder o lideresa social en Colombia. El Estado no puede ignorar esto, y
por tanto no debería ser necesario esperar a que surjan las amenazas.
Analizar y tener en cuenta el riesgo supondría implementar garantías de
seguridad al menos preventivas en contextos en los que se conoce de
antemano el peligro.
En cuanto a la segunda pauta analizada, la falta de información nos
señala una ausencia fundamental de datos que suele ser habitual. Ni
siquiera las cifras de víctimas mortales coinciden en ningún documento
oficial. La falta de información en torno a las amenazas y asesinatos de
los defensores va en su contra, si no tenemos datos fiables y visibles de
lo que realmente está ocurriendo las garantías de seguridad serán un
fracaso.
Por otro lado, otro de los problemas más evidente en este fenómeno es
la falta de confianza en el Estado como garante. En la mayoría de las
zonas rurales ni siquiera se cuenta con su presencia y en otros casos, es
esta misma presencia la que acaba generando aún más problemas. Las
medidas de seguridad no pueden girar solo en respuestas militares por
parte del Estado, hay que acabar con la idea de violencia, corrupción e
ineficacia por parte del mismo, creando instituciones sólidas y fiables.
Los últimos porcentajes nos muestran que sí se producen denuncias y
que en algunos casos se llegan a poner en marcha garantías de
seguridad. Pero veamos entonces qué falla en estos casos porque de
igual manera acaban siendo asesinados.
GARANTÍAS DE SEGURIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?
El artículo 22 de la Constitución colombiana establece la paz como un
derecho y un deber obligatorio. En el Acuerdo final se recogen dos
puntos interconectados que son muy relevantes para este análisis; fin
del conflicto (el tres) y participación política (el dos). Ambos puntos
hablan de la implementación de medidas que nos lleven a garantizar
una plena participación política y ciudadana. Para ello fue creado el
SISEP -Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política-,
concebido como un marco de garantías de los derechos y las libertades,
que busca asegurar la promoción y protección de las personas, el
respeto por la vida y la libertad tanto de pensamiento como de opinión
con el objetivo de fortalecer y profundizar la democracia.
En el marco del SISEP se consolidó la Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad (CNGS) mediante el Decreto Ley 154 de 2017, para
estructurar una política pública en materia de desmantelamiento de
organizaciones y conductas criminales.
Debemos destacar también el papel del Ministerio de Justicia en el
diseño y definición de la política criminal de prevención del delito. El
Ministerio del Interior formula y adopta políticas de Gobierno referentes
a orden público interno, asuntos de política, paz y convivencia y
libertades fundamentales. Así como la responsabilidad del Ministerio de
Defensa Nacional para formular y adoptar políticas, planes, programas y
proyectos para la defensa de la seguridad del territorio y el
mantenimiento del orden constitucional.
En cuanto a la Fiscalía General de la Nación le corresponde asegurar la
priorización de las actividades investigativas. Por último, la Defensoría
del Pueblo debe velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los
Derechos Humanos.
Todos estos órganos recogidos e implementados en el Acuerdo tienen un
objetivo claro; proporcionar garantías de seguridad a la participación
ciudadana. Para fortalecer este camino se han publicado una serie de
decretos, así como diferentes planes de protección y pactos políticos. Es
fundamental tenerlos en cuenta para ver qué está fallando en la
aplicación de todo este marco normativo.
Medidas de protección
El Programa de Protección Individual y Colectiva de líderes y lideresas
promovido por el Ministerio del Interior y la UNP se basa en el artículo 2
de la Constitución; las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
La base para entender la protección individual se sentó antes de los
acuerdos con el Decreto 1066 de 2015. En él se determinaron las
variables para calificar un riesgo como ordinario, extraordinario o
extremo y se delimitó un margen temporal de un año para reevaluarlo.
Las medidas que se ofrecen van en función del análisis del riesgo que se
realiza y por lo tanto se basan en toda la información que la persona
solicitante puede aportar como prueba contra su seguridad. Esto quiere
decir que para que te puedan asignar medidas has tenido que sufrir
previamente algún tipo de ataque, es de alguna manera una protección
para los supervivientes, no tiene en cuenta el riesgo inherente en
muchos contextos colombianos a ejercer un trabajo de defensa de los
Derechos Humanos.
En cuanto a la protección colectiva, el decreto 2078 de diciembre de
2017 busca valorar el riesgo de las comunidades desplazadas, así como
adoptar medidas de protección de tipo colectivo. Se habla de fomentar
la presencia institucional y fortalecer a las comunidades tanto en su
tejido organizativo como a través de sus estrategias de comunicación y
participación. Se deja en manos de la CERREM- Comité de Evaluación del
Riesgo y Recomendaciones de Medidas Colectivas- la formulación e
implementación de estrategias para contrarrestar las causas de riesgo y
amenazas, así como los plazos y tiempos para llevarlas a cabo. Cabe
resaltar que solo se cuenta con las organizaciones civiles para analizar el
riesgo, pero no para establecer las medidas de seguridad que se van a
implementar.
En abril de 2018 se implementa el decreto 660 5 que refuerza el anterior
en cuanto a seguridad colectiva. Pretende fomentar una alianza entre las
comunidades y el Estado reforzando el papel de las autoridades
departamentales y locales (gobernaciones y alcaldías). Sin embargo, a
pesar de su carácter más descentralizado no reconoce a las guardias
campesinas, cimarronas e indígenas. También en el decreto 2252 se
refuerza el carácter del gobernador como “agente del Presidente de la
República para el mantenimiento del orden público”. Se estipula que el
gobernador es la primera autoridad de Policía del Distrito y por tanto le
corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción.
Aunque el decreto aclara y dota de responsabilidad a los gobernadores
tampoco estipula las medidas concretas que a pesar de la fuerza de su
cargo les correspondería tener.
Con el decreto 895 se creó el ya mencionado SISEP -Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política- cuyo objetivo es el de
5 Se desprende del punto 3.4.8 del Acuerdo Final de Paz
“contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y
solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías
para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución”.
Además, se estipuló que será el Gobierno el que implemente los
siguientes programas creando un sistema de protección comunitario
pero articulado con las instituciones (Ministerio del Interior y de Justicia):
-Programa Integral de Seguridad para las Comunidades
– Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia
– Protocolo Especial de Protección para las comunidades rurales
– Programa de Fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las
organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales
El Decreto 2124 de diciembre 2017 creó el Sistema de Alertas
Tempranas –SAT- mediante el cual la Defensoría del Pueblo
implementaría un “sistema de prevención y alerta para la reacción
rápida a la presencia, acciones y /o actividades de las organizaciones,
hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la
población y la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz”. A partir de este decreto el SAT emite informes de riesgo, la
Defensoría se convierte en autónoma y su deber es el de emitir una
respuesta rápida 6 . El indicador que se muestra para la eficacia de este
órgano suele ser el número de reuniones realizadas, pero no la
efectividad de las medidas aplicadas por la Fiscalía tras el análisis de
riesgo realizado.
La Fiscalía a través de la directiva 002 intentó apoyar a los medios
locales para investigar las agresiones a los defensores de derechos
humanos, haciendo un esfuerzo para mejorar la articulación entre
unidades. Sin embargo, vemos en los casos analizados una
multicausalidad de motivos, es decir, hay diferentes causas que llevan al
6 El tiempo máximo ordinario es de tres meses
asesinato de líderes sociales, pero no se estudia como algo sistemático y
estructural. No se realiza un análisis del contexto y por eso no se va a la
raíz del problema, encontrar al autor mediato no resuelve ni mucho
menos la problemática.
Por último, es importante señalar el enfoque de género en cuanto a la
implementación de las garantías de seguridad que se añade con el
Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de
Derechos Humanos 7 . Las amenazas que reciben la mayoría de las
lideresas sociales destaca por un contenido sexista y una alusión directa
a su núcleo familiar, además cuando hay violencia previa se utiliza con
carácter sexual y se registran elementos de tortura claramente
centrados en componentes del cuerpo femenino. A través de la
Comisión Intersectorial de Garantías se implementan medidas de
prevención, protección y no repetición, pero desde una perspectiva de
género. Algunas de ellas se centran en la atención psicológica y médica
a la víctima y a su familia, apoyo para garantizar el acceso educativo, y
asistencia a las madres lactantes, gestantes y con menores a cargo.
Entender que las garantías de seguridad también tienen que tener este
enfoque es proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres.
7 Resolución 0845 Ministerio del Interior y Decreto 134 de 2016 Comisión Intersectorial
de Garantías para las mujeres líderes y defensoras.
¿QUÉ GARANTÍAS NECESITA UN LÍDER O UNA LIDERESA
SOCIAL?
Para realizar un análisis de las garantías actuales en torno a los líderes y
lideresas sociales es necesario haber realizado un estudio previo que
intente explicar porqué se les ataca. Cada uno de los ataques está
dirigido a silenciar el ejercicio de defensa de los derechos humanos,
buscan coartar la libertad de las personas. Hay que entenderlos como
formas de violencia estructural que no solo atacan de manera individual
a una persona, la intención que hay detrás es un control social que en la
mayoría de los casos se pone al servicio de intereses contrarios a las
comunidades. Los ataques siembran el miedo y sirven de aviso para
impedir nuevos intentos de liderazgo.
Entender esto, es entender porqué no se puede centrar la protección
únicamente en la protección física individual, sino que se debería
encaminar la protección a generar una estructura que garantice el
ejercicio de derechos y libertades de manera efectiva y colectiva.
Podemos establecer tres ejes fundamentales sobre los que se debería
trabajar; (1) protección de los defensores y defensoras en un corto
plazo, (2) desmantelamiento de organizaciones criminales, (3)
trasformación cultural para fortalecer la cultura de derechos humanos y
paz.
Hay una serie de factores que están jugando en contra de los líderes y
lideresas, en primer lugar, la falta de confianza en el estado y en las
instituciones como garantes debido a la trayectoria de corrupción e
incluso participación en procesos de ataques a los líderes. Se podría
decir que hay una idea de ineficacia debido a la falta de resultados. Es
responsabilidad del Estado asegurar la garantía de seguridad y para ello
recuperar paulatinamente la confianza en sus instituciones.
Las medidas de seguridad que se implementan tanto blandas como
duras 8 han de ser coordinadas y complementadas con su respaldo y
resaltando su responsabilidad. De nada sirven las medidas si
únicamente están encaminadas a una estrategia militar y en muchos
casos insuficiente. Además, la presencia del Estado debe ser necesaria
con especial énfasis en los procesos de acompañamiento de sustitución
de cultivos. Ningún campesino podrá hacer frente a los riesgos
inherentes de defender la sustitución de cultivos perdiendo capacidad
económica y además jugándose la vida.
Por otro lado, hay que señalar que las garantías de seguridad que se
están implementando funcionan más bien como un paliativo. El grupo
autodenominado “Águilas Negras” es el responsable de la mayoría de las
amenazas de los últimos años a líderes y lideresas. Sin embargo, no ha
habido ningún resultado sobre la responsabilidad de este grupo en los
ataques. Esto es un ejemplo de cómo es vital entender que en un
contexto como el postconflicto la protección no solo puede radicar en la
protección física sino en las garantías del ejercicio de la política pública.
Las políticas públicas implementadas hasta la fecha representan un
modelo agotado cuyos resultados se alejan bastante de resolver el
problema. En muchos casos de hecho lo perpetúan creando una
conexión muy peligrosa entre la necesidad de seguridad que se genera
entre los protegidos y protegidas y sus esquemas de seguridad. Hay que
conseguir una cultura de protección integra que sea colectiva, una
garantía de paz y respeto de los derechos humanos.
Analizar el contexto actual de los defensores y defensoras y las políticas
públicas que se están implementando hasta ahora para su defensa nos
8 Las duras se centran en los esquemas de protección y carros blindados, las blandas
son celulares y chalecos antibalas entre otros.
lleva a entender qué seguirá ocurriendo en el futuro si se avanza en la
misma dirección. Tenemos las normas implementadas, pero también
tenemos a las víctimas. En los decretos se habla de buenas intenciones
y del fortalecimiento de las comunidades, pero no se aclaran las
medidas, ni se establece una hoja de ruta clara.
Ya sabemos cómo funcionan los decretos como el 1066 de protección
individual porque fueron anteriores a los acuerdos. Todo el marco
normativo que ha venido después se está implementando ahora por eso
es de vital importancia resaltar todos los fallos que las organizaciones
civiles estamos observando. Análisis como este no pretenden desmontar
todo lo que se ha caminado en cuestiones de protección, pero resaltar
todas las deficiencias que encontramos en los planes es de vital
importancia para que no sigan costando más vidas.
CONCLUSIONES
El riesgo y el miedo son inherentes a los defensores y defensoras de
derechos humanos, especialmente en las zonas más alejadas de las
ciudades. El peso de las amenazas y los asesinatos lo sigue sosteniendo
una colombia rural a la que muchas veces ni siquiera llega la presencia
del Estado. En muchos contextos del país defender derechos humanos a
día de hoy es sinónimo de estar en riesgo. Tenemos que resaltar lo
intolerable que debe resultar que el postconflicto siga perpetuando la
violencia y la impunidad.
Los derechos humanos no pueden entenderse como una garantía
impuesta o defendida desde un enfoque individual o desde arriba, su
grandeza reside en su carácter universal y la importancia de
salvaguardar la dignidad de cualquier persona, por el simple hecho de
serlo. Promover su conocimiento es empoderar a las sociedades, es
hacerlas partícipes de sus derechos y deberes como miembros de
comunidades, es hacerlas fuertes y capacitarlas para hacer frente a
cualquier ataque que ponga en riesgo sus intereses.
No se trata solo de defender a quién defiende sino de construir
sociedades en las que todos y todas seamos defensores. Los derechos
humanos no se pueden entender si no se conocen, si no sirven como
instrumento para empoderar a las sociedades en su conjunto, si no se
utilizan como una defensa colectiva. Por eso, las garantías que se están
proponiendo por parte de los líderes y lideresas van más allá de un
chaleco o un escolta y chocan con las políticas públicas que se están
implementando por parte del Estado. Estas medidas, además de
insuficientes en la mayoría de los casos, les aleja de aquellos que
deberían estar cerca, presentes y en pie ante la amenaza que supone
para una comunidad perder la esperanza en el futuro y la justicia social.
Esta es una de las claves para entender qué se pierde con cada
amenaza y con cada asesinato, qué se pierde en cada comunidad, y a
qué nos enfrentamos como sociedad en general. No cabe entender el
asesinato de los líderes y lideresas como hechos aislados, es necesario
entender la estructura de violencia y poder que hay detrás de cada
ataque, para llegar a realizar un análisis efectivo que realmente nos
sirva para proteger no sólo a los defensores y defensoras, sino para
blindarnos como país en torno a valores de justicia social, democracia y
derechos humanos. Defender a quien defiende es defender la vida y por
tanto es defendernos a todos y todas.
Alejarnos de las luchas por las cifras que tan solo intentan maquillar la
realidad, afrontar mecanismos efectivos y rápidos que se apliquen no
solo de manera individual, sino que sirvan para hacer frente a contextos
de hostilidad y amenaza colectiva inherentes al propio ejercicio de
derechos y libertades, la aplicación de rutas y mecanismos en
coordinación y con la participación de las organizaciones sociales en
todo el proceso son solo algunas de las pautas que tan solo necesitan
voluntad política y que no solamente nos llevan a salvar la vida de los
defensores y defensoras sino que nos permiten consolidar el camino
hacia la paz.
La historia de los pueblos se escribe para que no se olvide y no pueda
repetirse. Colombia es algo más que una historia de conflictos; es la
historia de los que quieren dejar atrás el narcotráfico y promover la
restitución de cultivos, de los que se oponen a la minería ilegal que
destroza los suelos, del campesinado que lucha por la recuperación de
las tierras arrebatadas, de la comunidad indígena que protege los ríos y
se opone a los grandes proyectos que destruyen el hábitat común, del
estudiante que se niega a que le privaticen el futuro y de la mujer que
rompe las barreras de una sociedad machista para alzarse como lideresa
social. Es la historia de los pueblos que se caen, pero se levantan porque
lo hacen de la mano, porque se han dado cuenta del valor de lo colectivo
y no están dispuestos a soltarse para volver a perderlo.
Si algo podemos obtener como conclusión después del análisis de la
situación de los líderes y lideresas en Colombia es que son frágiles
porque su valor es incalculable. Porque su presencia es tan valiosa para
la mayoría como peligrosa para la minoría. Colombia está cambiando, es
un país diferente que camina hacia el futuro dándole la espalda a la
violencia, y llegará a encontrarla así sea tarde. Pero para ello tendrá que
proteger a quién protege porque no habrá Paz sin Derechos Humanos.