La Policía Colombiana asesina a manifestantes

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN AIDHDES

La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) condena las ejecuciones arbitrarias perpetradas por la Policía Nacional de la República de Colombia en las últimas 72 horas.

AIDHDES ha recibido información en su sede (Ginebra – CH) que el día 9 de septiembre del año en curso, indicando que la Policía Nacional de Colombia asesinó en la ciudad de Bogotá al Licenciado en Derecho, Dr. Javier Ordóñez Bermúdez. Los hechos se dieron en el marco de un operativo policial, destacable por una violenta y flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos. Se comprueba que el abogado recibió en múltiples ocasiones choques eléctricos, durante no menos de 5 minutos por parte de dos agentes de la policía. Ello, a pesar de que la víctima, sus familiares y amigos pidieran a la policía que cesara el acto tortuoso que se observa en los videos que circulan en los medios.

El día 11 de septiembre, AIDHDES tuvo igualmente conocimiento de que el licenciado Ordoñez fue llevado al Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional (CAI), donde fue torturado, en vez de habérsele aportado el apoyo paramédico necesario después de los choques eléctricos recibidos. Fue después de muchos golpes impartidos en el CAI por la Policía Nacional que el Dr. Ordoñez perdió la vida. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense que salió en los medios de comunicación colombianos, sufrió nueve fracturas en el cráneo y múltiples golpes en su cuerpo.

Este hecho atroz convulsionó al país y difundió por el mundo entero, causando indignación y movilizaciones en Colombia, donde las autoridades nacionales reprimieron a los manifestantes. Preocupa la cifra de 13 muertos por herida de bala y 403 heridos, al igual que los dudosos procedimientos policiales que no pueden más que llevar a la conclusión que los colombianos no viven en un Estado de derecho y que es política de la Policía Nacional de Colombia implementar este tipo de abusos contra la población civil.

Se ha tenido igualmente conocimiento de que los líderes sociales y defensores de DDHH de las organizaciones defensoras que hacen trabajo vida en Colombia, fueron víctimas de abuso del poder y de ejecuciones y detenciones arbitrarias durante las protestas. Se informó a nuestra organización que la Policía, en medio de las protestas, usó armas no convencionales para reprimir las manifestaciones, amenazando y asesinando a personas que hicieran parte o no de las protestas.

En base a lo que aquí se ha mencionado, AIDHDES y las organizaciones que suscriben al presente documento:

1. Exigen que, en el marco de la constitución y la ley el Gobierno de la República de Colombia al igual que los poderes judiciales investiguen y castiguen administrativa y

penalmente a los responsables del asesinato del Dr. Ordóñez al igual a que los responsables de las 13 muertes y los 403 heridos que resultaron de las manifestaciones que se vienen dando desde el 9 de septiembre al día de hoy.

2. Que se investigue la preparación que se imparten en escuelas de formación de la Policía Nacional y otros centros de la fuerza pública de Colombia; se identifiquen las razones de la sistemática violación de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales; y se de explicación pública de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que se están cometiendo. Se pide también aclaraciones sobre el uso por agentes de la fuerza pública de armas letales para reprimir las marchas, violando así la integridad del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

3. Que la Organización de las Naciones Unidas por medio de la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias pida información al Gobierno Nacional relativa a la cantidad de violaciones que ha cometido la fuerza pública, desde la realización de su último informe concerniente a Colombia hasta al día de hoy. Se le pide también a este mecanismo de Procedimientos especiales de las Naciones Unidas que formule recomendaciones pertinentes al gobierno colombiano, pida oficialmente una autorización de visita al país para cuando las condiciones sanitarias lo permitan y levante un informe sobre la situación de DDHH en Colombia, que podría anexar en su próximo informe anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (CH).