La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo financia desde 2013 un proyecto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos bajo el nombre “Mecanismos efectivos para la protección de personas integrantes de comunidades y organizaciones sindicales vulnerables, víctimas de amenazas y agresiones en Colombia”. Este año la financiación ha sido de 30.000 euros.

Breve descripción

El objetivo específico de este proyecto es asegurar mecanismos (jurídicos, organizativos, formativos e informativos) efectivos y sostenibles para proteger la vida y la integridad personal de líderes(as) sociales y defensoras(es) de derechos humanos amenazados o agredidos por su labor de defensa de los derechos fundamentales y de búsqueda de la paz, garantizando que puedan continuar con garantías de seguridad sus proyectos de vida y de exigibilidad de derechos. Los destinatarios de las acciones son 445 personas (229 mujeres/216 hombres) pertenecientes a comunidades y organizaciones sociales de campesinos desplazados, indígenas, estudiantes y sindicalistas en condiciones de vulnerabilidad debido al conflicto armado y la exclusión social localizadas en 11 regiones de Colombia.

Contexto

Entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, la Defensoría del Pueblo de Colombia, registró al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones1 contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Del total de personas asesinadas, 14 eran mujeres.

Estos crímenes que desafortunadamente, en la historia reciente de Colombia, han sido sistemáticos y generalizados en Colombia, han sufrido un alarmante incremento en el contexto de finalización del proceso de diálogo para la terminación del conflicto armado, y en la fase de implementación del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC en noviembre de 2016. Los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia aumentaron un 27% en el 2016 según datos del Programa no Gubernamental Somos Defensores, el cual registró 80 homicidios de líderes sociales durante el 2016, frente a 63 ocurridos en el 2015. Los atentados, por su parte, pasaron de 35 a 49 entre ambos años2.

Entre las causas que explican el recrudecimiento de la violencia contra los defensores de derechos humanos están: 1) La apelación a la violencia contra defensores(as) de derechos humanos por parte de actores que los ven como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos, 2) la persistencia de los grupos paramilitares y 3) la disputa del dominio territorial y económico por parte de actores que buscan ocupar las zonas de las que se retira las Farc. Nos referimos a los dos últimos puntos:

Persistencia de los grupos paramilitares en Colombia. En un informe de enero de 2017 de la ong Indepaz se afirma que los grupos narcoparamilitares en 2016 hacían presencia en 344 municipios, de los 1102 que tiene Colombia3. En 2015 Naciones Unidas en el informe de OACNUDH sobre Colombia había precisado “grupos armados post-desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz”4. En 2016 entre enero y noviembre se les atribuyen 61 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Disputa territorial por control de antiguas zonas de grupo FARC. En febrero de 2017 la revista colombiana Semana señalaba “Las alarmas están encendidas. A los lugares de los que salieron las Farc están llegando, antes que la fuerza pública, otros grupos armados ilegales”5, el problema afecta las regiones donde predominan las economías ilegales como la coca y la minería, y donde otros grupos armados hacen presencia.

La constatación de estos fenómenos ha llevado a las oenegés de derechos humanos de Colombia a denunciar los hechos y a exigir al Estado Colombiano medidas efectivas para la terminación de las prácticas y actores que ponen en riesgo a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas acciones de exigibilidad se han realizado en diversos escenarios que incluyeron a la mesa de diálogo de paz de la Habana y la Mesa Nacional de Garantías.

Fruto de un trabajo de incidencia desarrollado por el Movimiento de víctimas (MOVICE) en asocio con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) las partes (Gobierno de Colombia y delegación de las FARC) incluyeron en la agenda paz de la Habana una propuesta de “Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición” presentada en marzo de 2016. Finalmente y con modificaciones la propuesta quedo recogida en el punto 3.4.3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 allí se definió la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la cual se encargará de “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”6

Está Comisión está integrada por el Presidente de la República de Colombia, tres ministros (Interior, Defensa, Justicia), el fiscal, el director de una Unidad Especial de la Fiscalía, el procurador general de la Nación, el defensor del Pueblo, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y cinco integrantes de la sociedad civil uno de los cuales es el presidente de la FCSPP. El 23 de febrero la Comisión fue instalada formalmente por el Presidente de la República en Popayán7.

Justificación.

El logro de un acuerdo de paz en Colombia entre el Gobierno y el grupo armado FARC, en el año 2016, constituyó una esperanzadora excepción en un orden global en donde se acrecientan los conflictos. Este acuerdo fue fruto del trabajo de múltiples actores comprometidos con la paz y la democracia y la realización de los derechos humanos, en especial las organizaciones de la sociedad civil colombiana, los organismos internacionales de derechos humanos y la cooperación internacional, especialmente la proveniente de Europa. Este importantísimo logro de la terminación del conflicto armado, por el cual han luchado tantos a lo largo de décadas, es sumamente frágil. Las experiencias históricas recientes de Guatemala y El Salvador, en Centroamérica, demuestran lo difícil y riesgoso del posconflicto armado. Construir la paz demanda modificar estructuras socioeconómicas y patrones culturales, lo cual es fruto de un proceso lento, pero también implica acometer medidas para problemáticas urgentes. Construir la paz en Colombia implicará una acción paciente, consciente y decidida de parte de los mismos actores que presionaron la firma de la paz orientada ahora a exigir el cumplimiento de lo pactado y la remoción de los obstáculos para la consecución de la convivencia pacífica, entre estas dificultades están: 1) La desigualdad socioeconómica y la pobreza, 2) la debilidad de las instituciones del Estado, especialmente las locales y 3) la persistencia de grupos armados ilegales paramilitares o narco-paramilitares que contralan o disputan territorios y rentas y agraden a personas o comunidades que rechazan su presencia y accionar.

Entre estos problemas el que demanda una acción más urgente es el último. Las cifras citadas en el apartado de contexto revelan el aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales. La continuidad e incremento de la práctica de agresiones contra defensores de derechos humanos requiere de acciones inmediatas para impedir que se siga atentado contra la vida de mujeres y de hombres que trabajan por la paz y los derechos a existir y vivir dignamente. Pero más allá de la coyuntura, la comprobación de que se trata de crímenes sistemáticas y generalizados, es decir que existen grupos organizados que atacan de forma más o menos coordinada a un grupo humano específicos (defensores de derechos humanos y líderes sociales) con fines determinados (desplazamiento forzado, terror contra poblaciones que rechazan presencia de grupos armados) hace necesario que se propenda por soluciones estructurales.

Al respecto, en noviembre de 2016 el Equipo de País y la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, manifestaron “su preocupación por las acciones violentas, incluyendo recientes asesinatos, dirigidos a líderes sociales en varias zonas del país afectadas por el conflicto armado”, y señalaron que “Las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera, ante la expectativa de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.”8

En este contexto el presente proyecto se justifica en respuesta a dos necesidades: 1) Protección inmediata y de urgencia para casos de agresiones a defensores(as) de derechos humanos y 2) construcción participativa de políticas públicas efectivas para la superación de las causas de la criminalidad que atenta contra defensores(as) de derechos humanos. A continuación se precisan estos aspectos:

1) Protección inmediata y de urgencia para casos de agresiones a defensores(as) de derechos humanos.
Las comunidades y organizaciones sociales destinatarias de la intervención y sus integrantes entre las que se encuentran, campesinos(as) víctimas de desplazamiento forzado, indígenas, víctimas, sindicalistas, defensores(as) de derechos humanos y estudiantes universitarios, han sufrido amenazas o ataques contra su vida o integridad personal o son vulnerables a recibir estos ataques debido a que se encuentran reclamando o defiendo derechos por lo cual requieren mecanismos eficaces de protección. Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016 la FCSPP asistió 19 casos de agresiones a defensores. Estos defensores(as) 9 eran mujeres y 10 hombres, de los cuales 7 son defensores de derechos humanos, 5 campesinos/desplazados, 3 víctimas, 3 estudiantes y 1 líder afro-colombiano

2) Políticas públicas de garantías para defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Las acciones de reacción frente a agresiones contra la vida e integridad de los defensores son fundamentales pero insuficientes para superar el problema. Las medidas de urgencia responden a los efectos pero no pueden afectar las causas de la problemática. Entre las causas de la persistencia a las agresiones contra los defensores de derechos humanos se encuentran la falta de un diagnóstico adecuado sobre los grupos criminales, especialmente paramilitares y la inexistencia de una política nacional de persecución de estos grupos. Para exigir soluciones estructurales las oenegés colombianas han exigido al Estado Colombiano la conformación de espacios de diálogo sobre garantías para defensores de derechos humanos, los procesos creados han sido la Mesa Nacional de Garantías, el escenario de garantías de la Cumbre Agraria y por último, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). Este último proceso, tal como se reseñó antes, surgió en el marco del acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero Farc en noviembre de 2016. Esto le da una gran relevancia a la CNGS pues en los años venideros la implementación de estos acuerdos, que adquirieron rango constitucional, serán la prioridad de la agenda pública colombiana. La FCSPP es una de las dos delegadas de las organizaciones de derechos humanos de Colombia en la CNGS. Lo cual implica incidir directamente en el espacio de mayor nivel en Colombia para la elaboración de políticas de seguridad y protección para las y los defensores de derechos humanos. También la FCSPP hace parte de los otros dos procesos de garantías mencionados los cuales continuarán y trabajarán articulados siendo esta una de las apuestas del proyecto

 

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