El Ayuntamiento de Gijón financia un proyecto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos bajo el nombre “Avanzando en la realización de los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia”, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Este proyecto se inició en 2015 y se ha mantenido hasta 2017, año en que la financiación es de 42.218,37 euros.

Contexto.

El 24 de noviembre de 2016, en la ciudad de Bogotá, luego de cuatro años de negociaciones, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc firmaron el “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. De esta forma pusieron fin a 52 años de confrontación armada en Colombia, que produjeron según cifras oficiales entre el 1 de enero 1984 y el 1 de julio de 2016, 7.809.143 de víctimas. De estas víctimas 973.000 fueron víctimas de homicidio, 162.776 de desaparición forzada, 15.236 de delitos contra la libertad y la integridad sexual y 6.849.277 de desplazamiento forzado, entre otros delitos. La peor parte de la guerra la han sufrido civiles inocentes, quienes han sido víctimas de graves delitos perpetrados por todos los actores armados, incluidos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una de las más crueles formas de violencia que ha sido ejercida contra personas indefensas en el contexto del conflicto armado son las ejecuciones extrajudiciales. Este delito se define como “La privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia investiga más de 4.200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia entre los años 2003 y 2015 (3.828 hombres, 211 mujeres y 179 sin identificar). La mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas bajo la modalidad conocida como “falsos positivos”. Una descripción de los llamados “falsos positivos” nos la presenta Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado en junio de 2015: “Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.

Las víctimas mortales de los “falsos positivos” pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. En un estudio del año 2012, en el cual participó la FCSPP, se muestra que en 1.176 casos de “falsos positivos” ocurridos entre los años 2002 a 2010, cerca del 50% de las víctimas eran población campesina (557 personas), un poco más del 10% eran indígenas (120 personas) y el 7% de las víctimas (78 personas) eran líderes(as) de comunidades o de organizaciones sociales y sindicales. Al analizar la afectación por género, el mismo informe señala que en 3.512 casos de víctimas de presuntas ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado, 252 eran mujeres (correspondiente al 7.2% de los casos), en tanto que 3.260 eran hombres (92.8% de las víctimas).

A pesar de la fuerte denuncia de las ONG de DDHH y de la atención de los organismos internacionales de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales no son cosas del pasado en Colombia; la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe anual sobre el país, presentado en marzo de 2017, dice que en 2016, documentó seis casos de privación arbitraria de la vida perpetrados por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña. Uno ocurrió durante operaciones conjuntas de la policía y las fuerzas militares en contra de la minería ilegal, otro durante una operación militar en contra del ELN y otro en una operación militar anti-secuestros.

No obstante la gravedad y notoriedad de estos delitos, el nivel de impunidad en estos casos es muy elevado. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, de las 2.316 investigaciones abiertas a 31 de diciembre de 2016, se emitieron entre enero y septiembre condenas contra 133 personas, entre civiles e integrantes del Ejército. Ninguna de estas condenas fue contra los altos mandos militares que ordenaron los asesinatos de los civiles. Al respecto, Naciones Unidas señalo en marzo de 2017: “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los “falsos positivos”, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio.

El nuevo acuerdo de paz ha abierto una controversia jurídica acerca de si las ejecuciones extrajudiciales deben ser juzgadas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en particular en su mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 28 de marzo de 2017 un juzgado penal de Bogotá se negó a realizar una audiencia de imputación de cargos en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008. El juez argumentó que la futura Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendría competencia para conocer el caso. 33 oenegés defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran la FCSPP y Human Rights Watch emitieron un comunicado en el que rechazaron la decisión y expusieron que “No existe ninguna disposición en el Acuerdo de Paz o en la legislación vigente en Colombia que permita suspender procesos penales contra miembros de la Fuerza Pública presuntamente responsables de atrocidades.

La oenegés de derechos humanos colombianas, dentro de las que se cuenta la FCSPP, han respaldado mayoritariamente el acuerdo de paz como un proceso trascendental para acabar la violencia, transitar a una democracia plural y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. Precisamente por ello es necesario que las víctimas estén preparadas para asegurar la protección de sus derechos tanto en el marco de la justicia penal ordinaria como en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP

Justificación.

La totalidad de las personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los 57 casos que asiste este proyecto eran personas de origen humilde, campesinos y habitantes de barrios populares. Sus familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres madres cabeza de familia, también son personas humildes que se dedican a labores agrícolas o a trabajos domésticos. Las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas han afectado muy negativamente sus relaciones humanas y sociales. Algunas de las víctimas supervivientes sufrieron (y sufren) graves crisis emocionales y psíquicas, algunos debieron huir para salvar sus vidas, cuando denunciaron los delitos sufridos, perdiendo sus medios de sustento. Estas personas deben ser restituidas en sus derechos, para poder continuar sus vidas, y honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos. Entre otras, las razones que justifican este proyecto están las siguientes:

Justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Para restablecer los derechos de las víctimas son necesarias acciones jurídicas, políticas y sociales, tanto particulares como colectivas. El Litigio es el más importante de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico colombiano y en los tratados internacionales para obtener verdad, justicia y reparación integral. Todo(a) ciudadana(o) deber contar con un acceso pronto y efectivo a la justicia. Lamentablemente en Colombia el sistema judicial impide el acceso a los más pobres y obra en condiciones de impunidad.

Aunque formalmente en los casos de tipo penal el Estado debe actuar de oficio, la realidad es que, ante la incapacidad o la negación deliberada de justicia, se requiere del concurso de las víctimas en los procesos para impedir que estos sean asumidos por la justicia penal militar o sean archivados, tanto en los tribunales militares como civiles, y queden en la impunidad.

La lucha de las víctimas, en el sistema judicial, contra la impunidad y por la justicia tropieza con dificultades jurídicas, técnicas y materiales. La primera de estas dificultades es la obligación legal que tienen las personas que quieren constituirse en parte de los procesos de ser representadas por abogadas(os) titulados(as); la segunda dificultad es la complejidad del sistema jurídico, cuyas normas e instituciones les resultan ajenas a las víctimas, pues las desconocen debido a que lo largo de su vida solo han sufrido la exclusión social, incluida la del sistema educativo, y en tercer lugar la dificultad económica, pues aunque los procesos en teoría son gratuitos, el impulso de los casos para controvertir la estrategia de la defensa de los victimarios tiene costos como por ejemplo exámenes forenses, traslado de testigos, etc., esto sin hablar de los honorarios de las(os) abogadas(os). Los costos que impone el llevar adelante un proceso judicial son muy altos y las víctimas identificadas en este proyecto no pueden pagarlos. Las organizaciones defensoras derechos humanos que apoyan a víctimas se encargan en la medidas de sus posibilidades y recursos de resolver estas necesidades.

Es necesario señalar que la acción judicial para exigir el juzgamiento de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, tal como la concibe la FCSPP y la exigen las víctimas, trasciende la dimensión de la verdad y la reparación individual y busca también generar jurisprudencia y políticas que produzcan cambios sociales profundos, al develar las estructuras, normas e instituciones que permitieron las ejecuciones extrajudiciales para asegurar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y a tolerar.

La reglamentación del Proceso de paz tendrá un impacto directo en los derechos de las víctimas y en particular en las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016 abre nuevas perspectivas y oportunidades para la lucha contra la impunidad y para llegar a los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos, que deben ser aprovechadas presentando casos de graves violaciones en cada una de las regiones ante los diferentes mecanismos del Sistema. Teniendo en cuenta que un número indeterminado de casos de ejecuciones extrajudiciales pasará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es necesarioasegurar que el desarrollo normativo cumpla con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas. Igualmente es necesario asegurar, una vez establecido el mecanismo, que las víctimas puedan acceder eficaz y oportunamente a la justicia especial para la Paz.

Las víctimas como sujetos activos de derechos y forjadoras de paz con justicia. Las acciones jurídicas ayudan a asegurar justicia, identificando la verdad judicial y los responsables de los delitos y también a reparar parcialmente los daños sufridos. El accionar jurídico, es imprescindible, pero no suficiente, para lograr la superación de los contextos y factores generadores de la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales poseen derechos y autoridad moral para reclamar al Estado y convocar al conjunto de la sociedad a emprender cambios estructurales en el sistema jurídico y político que permitan superar la violencia, fortalecer el estado democrático de derecho y asegurar formas de convivencia pacífica. En el momento en que se discute la terminación del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC (y eventualmente con la guerrilla del ELN), lo cual significará el fin de medio siglo de conflicto, las víctimas deben tener un lugar preponderante, para asegurar que la paz sea justa, identificando a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los miembros de la fuerza pública, la develación de la verdad sobre los hechos, la generación de garantías de no repetición, la implementación de medidas de bienestar y desarrollo para las personas más afectadas por el conflicto. Para lograr estos objetivos las víctimas deben dialogar, debatir y hacer visibles sus opiniones y necesidades y definir formas para que los tomadores de decisiones cumplan con el deber de responder a los requerimientos de las víctimas.