El Ayuntamiento de Gijón financia desde 2012 proyectos a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para buscar la Verdad, Justicia, Reparación Integral y Protección para las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales.

Este año la financiación es de 54.849,95 euros.

Este proyecto permitirá que 81 familias colombianas víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan avanzar en sus procesos de exigencia de verdad, justicia y reparación integral en sus casos, mediante el desarrollo de acciones jurídicas, organizativas, formativas y de memoria en el contexto de la construcción de la paz y la superación del conflicto armado.

Contexto.

Una de las más crueles formas de violencia que ha sido ejercida contra la población civil en el contexto del conflicto armado Colombiano son las ejecuciones extrajudiciales. Este delito se define como “La privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

En Colombia en las últimas dos décadas, el delito de las ejecuciones extrajudiciales fue cometido por agentes del Estado bajo una macabra modalidad denominada: “Falsos Positivos” (ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate)

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmado en noviembre de 2016 abrió la oportunidad para que el Estado asumiera la responsabilidad por los crímenes perpetrados por agentes gubernamentales, en casos como los llamados “falsos positivos”. El Acuerdo estableció la creación de un Sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición (SIVJRNR). Este sistema está compuesto por un mecanismo judicial, específicamente la Jurisdicción especial para la paz (JEP) y dos mecanismos extrajudiciales, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV) y la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD). Estas entidades fueron creadas para abordar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado.

La totalidad de las personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los 81 casos que asiste este proyecto eran personas de origen humilde, campesinos y habitantes de barrios populares. Sus familiares sobrevivientes, en su mayoría, mujeres madres cabeza de familia, también son personas humildes que se dedican a labores agrícolas o a trabajos domésticos. Las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas han afectado muy negativamente sus relaciones humanas y sociales. Algunas de las víctimas supervivientes sufrieron (y sufren) graves crisis emocionales y psíquicas, algunos debieron huir para salvar sus vidas, cuando denunciaron los delitos sufridos, perdiendo sus medios de sustento. Estas personas deben ser restituidas en sus derechos, para poder continuar sus vidas, y honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos.