El Ayuntamiento de Oviedo financia un proyecto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos bajo el nombre “Reparación integral y restitución de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado del corregimiento de Santa Rita (Magdalena, Colombia)”

En 2016 empezamos a trabajar con el Ayuntamiento de Oviedo, que desde entonces nos está financiado este proyecto. En 2017 con una suma de 18.540,50 euros.

Breve descripción:

Este proyecto permitirá que 73 familias campesinas del corregimiento de Santa Rita, en el departamento del Magdalena (Colombia), víctimas del despojo (robo) de las tierras y del desplazamiento forzado por parte de grupos armados paramilitares, puedan, en primer lugar, asegurar el cumplimiento de seis (6) sentencias proferidas entre 2015 y 2016 por jueces colombianos que ordenan la restitución de las tierras que les fueron despojadas y, en segundo lugar, que se fortalezcan colectivamente como sujetos de derecho con capacidad de incidir, exigir y promover públicamente sus demandas, en especial las mujeres que conforman la comunidad de Santa Rita.

Contexto.

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por la persistencia de la violencia, la desigualdad, la exclusión socio-económica y la debilidad de sus instituciones democráticas y de gobierno. El Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia contabiliza, entre el 1 de enero 1984 y el 1 de julio de 2017, un total de 8.472.134 víctimas del conflicto armado, de las cuales 7.219.471, fueron víctimas de desplazamiento forzado y 987.108 víctimas de homicidio. La crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia se ha desarrollado en un contexto de desigualdad económica y pobreza; Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es el 8° país mas desigual del mundo.

La violencia y la desigualdad han afectado mas gravemente a los sectores mas vulnerables de la sociedad, entre quienes se cuentan, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afro-colombianas y, entre ellos, mas duramente a niños(as) y mujeres. Con la firma del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC el 24 de noviembre de 2016, en Colombia se inició el camino para terminar definitivamente el conflicto armado, reparar a las víctimas de la guerra y para reconstruir al país impulsado su desarrollo socio-económico.

El grupo mas numeroso de víctimas en el periodo 1984 – 2017, ha sido el de la población campesina, a quienes les fueron arrebatadas sus tierras de forma violenta por parte de todos los grupos armados. Entre 1994 y 2012, se calcula que a la población campesina en Colombia les fueron despojadas entre 6,5 y 10 millones de hectáreas de tierra. La forma de despojo de tierra más común fue la utilización de la violencia física sobre las poblaciones rurales, la cual, por lo general, produjo desplazamiento forzado y abandono del territorio, que quedó a merced de los actores armados. Como forma de reparar la deuda histórica con las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, el Estado Colombiano aprobó el 10 de junio del año 2011 la Ley 1448 (o Ley de víctimas y Restitución de Tierras), la cual estableció un conjunto de medidas legales, sociales y económicas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Con motivo de la aplicación de dicha ley y con el apoyo jurídico y social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), entre 2015 y 2016, los jueces Primero y Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta ha proferido (6) seis sentenciasque favorecen a 131 familias en Santa Rita.

Estas sentencias, ademas de ordenar “restituir jurídica y materialmentelos predios de las familias que fueron despojadas o forzadas a abandonar sus tierras, ordena a diversas autoridades colombianas tomar importantes medidas económicas y administrativas para asegurar el retorno de las familias desplazadas y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Entre estas medidas se encuentran el mejoramiento medioambiental, la construcción de viviendas, acueducto, redes eléctricas, vías, instituciones educativas y de atención especifica a las mujeres y niñas de la población.

Justificación.

Entre todas las víctimas de la violencia en Colombia, son los habitantes del campo (Campesinas/os, indígenas, afrocolombianos/as) las personas que mayores daños han soportado. Las agresiones sufridas, destruyeron vidas, lazos familiares y comunitarios, al igual que los pocos medios materiales de vida y subsistencia con los que contaban (tierras, herramientas, animales, etc.).

Para que las comunidades campesinas de Colombia -victimizadas durante 50 años de guerra- puedan reconstruir su tejido social, mejorar sus condiciones socioeconómicas y construir la convivencia pacífica son requisitos imprescindibles, que puedan regresar y gozar dignamente de las tierras que les fueron arrebatadas, contar con garantías jurídicas de propiedad y ser reconocidas como sujetos de pleno derecho con capacidad de organizar su territorio.

A pesar de las notables dificultades de orden judicial y social que existen en Colombia para brindar justicia a las víctimas del conflicto armado, en el caso de Santa Rita se ha logrado dar los primeros pasos dirigidos a la satisfacción de los derechos de la comunidad desplazada. Así mismo, fruto del acompañamiento de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCPP), se ha logrado avanzar en el fortalecimiento del tejido social comunitario, cuyo principal logro es el aumento del empoderamiento de las mujeres de Santa Rita.

El presente proyecto se justifica entonces, por una parte, en la necesidad de transformar en realidades tangibles las promesas de los derechos contenidas en las normas (sentencias) lo cual significa, entre otras cosas, disfrutar de una parcela de tierra donde cultivar, casas para vivir, mejoras en la infraestructura pública, sanidad y derechos de participación e igualdad de género. Por otra parte, para exigir a las autoridades el cumplimento de sus obligaciones, facilitar la convivencia y e impulsar el desarrollo local se requiere cimentar una comunidad pensada desde los derechos humanos y la igualdad. Ello exige fortalecer el tejido asociativo y entre ellos el sector que sufre mayores niveles de desigualdad y exclusión: las mujeres de Santa Rita. En los siguientes puntos se desarrollan estas dos exigencias.

Cumplimiento de las Sentencias de Restitución de tierras. La Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448/11) entró en vigencia en el año 2011. En el caso de Santa Rita se profirió la primera sentencia de restitución de tierras en el año 2015, es decir cuatro años después del inicio de la Ley 1448. Luego fueron proferidas otras 5 sentencias (la más reciente en diciembre de 2016) que suman un total de 131 familias víctimas de desplazamiento, beneficiadas. Teniendo en cuenta que un proceso ordinario de reclamación de tierras podría tardar por lo menos 15 años, se puede afirmar que de por si la promulgación de las sentencias constituyen un logro muy importante ya que las víctimas cuentan con mandatos precisos para exigir con certeza y en plazo perentorios que se tomen las medidas necesarias para hacer cumplir sus derechos. No obstante, las sentencias devienen en pura formalidad si no se materializan y para hacerlas realidad es necesario obligar a las autoridades a cumplir los mandatos contenidos en ellas. Las acciones para obligar al cumplimento de estas sentencias son de carácter legal y administrativo y requieren que se interpongan recursos judiciales que deben ser realizados por abogados en representación de las víctimas. Ya en julio de 2017 se logró la entrega de títulos de propiedad a 11 familias en Santa Rita en cumplimiento de las órdenes de restitución del Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras.

Fortalecimiento de la organización de las mujeres de Santa Rita. Las mujeres de Santa Rita además del desarraigo y la violencia del conflicto armado, han tenido que sufrir mayores niveles de pobreza, y exclusión a causa de la discriminación de género, tanto a nivel cotidiano como el agenciado por las autoridades (especialmente locales) que no atienden sus necesidades específicas y las apartan de la toma de decisiones y de su seguimiento. Desde que la FCSPP inicio el acompañamiento de la Comunidad de Santa Rita, apostó por su organización, aspecto que se ha ido fortaleciendo y que ha permitido que las mujeres se apropien de sus derechos. Con el apoyo del ayuntamiento de Oviedo y de la ciudad de Ginebra (Suiza) las mujeres desarrollaron en 2016 -2017 un proceso formativo y de memoria que permitió identificar problemáticas, entre la cuales se destacaron, problemas de sostenibilidad económica, falta de espacios de encuentro adecuados y desconocimiento de normas para reclamas sus derechos. Con el acompañamiento del FCSPP, en noviembre de 2016, las mujeres alcanzaron un logro significativo al constituir legalmente la Asociación Solidaria Pro-Desarrollo De La Mujer Cabeza De Hogar Santaritera la cual cuenta con la participación de más de 50 mujeres y ha emprendido importantes acciones en pro de la verdad, la justicia, la reparación integral y la promoción de los derechos de la mujer. En el periodo 2017 -2018 es fundamental que la organización de las mujeres siga fortaleciéndose.