La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha venido financiando desde 2013 proyectos a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) para asegurar mecanismos efectivos para la protección de líderes(as) sociales, defensoras(es) de derechos humanos y de los (las) demás integrantes de sus comunidades y organizaciones sociales, frente a amenazas y agresiones contra su vida e integridad personal, con el fin de que puedan continuar con garantías sus procesos de promoción y/o exigencia de derechos humanos en Colombia”.

Las acciones desarrolladas permitieron, entre otros resultados:

1) La protección de la vida e integridad física de personas que sufrieron amenazas o agresiones por defender, promover o proteger derechos humanos,

2) Fortalecer conocimientos y prácticas de protección y reclamación de derechos de las organizaciones y comunidades destinatarias del proyecto,

3) Comprometer a las autoridades colombianas para que tomen medidas de protección en favor de la población destinataria del proyecto y de los (las) defensores(as) de derechos humanos de Colombia en general.

4) Hacer visible ante la opinión pública, el contexto, las denuncias y las exigencias de la población sujeto del proyecto.

En la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo 2025, presentamos el proyecto “Protección y garantías para personas integrantes de comunidades y organizaciones sociales vulnerables, víctimas de amenazas y agresiones en Colombia. (2025 -2026)”; la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo nos concedió una subvención de 110.000 euros para fortalecer las capacidades, mecanismos y procesos de protección y construcción de garantías de seguridad de 717 personas, mayoritariamente mujeres, integrantes de 145 comunidades y organizaciones sociales que están en situación de exclusión social o riesgo debido a la defensa o promoción de los derechos humanos. Son campesinas/os y desplazadas/os, organizaciones de mujeres, indígenas, afrocolombianas/os, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, estudiantes y jóvenes, sindicalistas, organizaciones de LGTBI, defensores/as de derechos humanos, promotores/as de paz y ambientalistas.

El CSPP ha planeado y puesto en práctica estrategias integrales de protección y garantías de seguridad desde un enfoque de derechos humanos. Entre estas estrategias y herramientas se encuentran las siguientes:

1) El Programa de Garantías para la Paz (PGP), el cual fue creado en 2019 con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y tiene, entre otros objetivos, los de mejorar “las condiciones de seguridad y protección de la vida, integridad personal y libertad de líderes(as) sociales, defensores(as) de derechos humanos y sus comunidades y organizaciones sociales, víctimas de amenazas y agresiones” y fortalecer “las capacidades de actuación colectiva de las personas defensoras de derechos humanos para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia de protección de la vida y participación política y ejercicio de derechos fundamentales”

2) Las portavocías del CSPP como delegados(as) nacionales y regionales de la sociedad civil en los espacios y procesos de interlocución con el Estado colombiano y en la formulación de políticas públicas de protección, como el Proceso Nacional de Garantías (PNG) y los Comités Técnicos del Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios, derivado del Acuerdo Final de Paz. Estos procesos han permitido tener un contacto directo y constante con comunidades y organizaciones sociales en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia perpetrada por los poderes y grupos armados ilegales que atacan a la población civil.

A continuación se describen las agresiones a los derechos humanos que constituyen los problemas centrales que aborda el actual proyecto:

1) Agresiones y ataques contra la vida e integridad física de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Según Indepaz, entre 2024 y marzo de 2025 fueron asesinadas 214 personas defensoras y líderes sociales, destacándose los liderazgos comunales (60), comunitario (32), indígena (31), político (23) y campesino (17). Entre 1990 y 2022, el CSPP documentó 2.526 homicidios y desapariciones de defensores, especialmente aquellos que luchan por derechos comunitarios y territoriales colectivos.

Además de los riesgos generales, las defensoras enfrentan violencias diferenciadas como tortura, violencia sexual y asesinatos de familiares. Entre 1990 y 2022, la base de datos del CSPP reflejó un incremento en homicidios y desapariciones de lideresas. Según Indepaz, entre agosto de 2022 y julio de 2023 se registraron 18 homicidios de lideresas, y entre enero de 2024 y marzo de 2025, 25 asesinatos en 14 departamentos. Estas agresiones suelen incluir violencia sexual, tortura y desapariciones forzadas, reflejando su extrema sevicia.

2) Vulneraciones al derecho a la libertad. (Represión y criminalización de la movilización social).

Durante las protestas de 2019-2021, la represión estatal alcanzó niveles sin precedentes. En el Paro Nacional de 2021, entre abril y septiembre, se registraron: i) 84 homicidios, 28 presuntamente cometidos por la fuerza pública; ii) 1.790 personas heridas por la Policía y civiles armados; iii) 808 mujeres víctimas de violencia policial, incluidas 516 detenciones arbitrarias y 91 agresiones a defensoras de derechos humanos; iv) 106 denuncias por Violencias Basadas en Género, 23 por violencia sexual; v) 3.274 detenciones arbitrarias con casos de tortura y tratos crueles.

Esta violencia persiste: entre enero y junio de 2024, la plataforma Grita registró 78 casos de violencia policial con 83 víctimas. El SIAP (Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social) del CSPP reportó 51 hechos de abuso contra manifestantes y defensores de derechos humanos en el mismo año.

Fruto del trabajo organizado de comunidades, organizaciones sociales, plataformas y redes de derechos humanos en Colombia, se han construido y propuesto normas y procesos para superar la grave situación de derechos humanos previamente descrita. Entre los principales escenarios y procesos destacan:

1) El PNG (Proceso Nacional de Garantías): es un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Este proceso opera a través de la Mesa Nacional, las Mesas Territoriales de Garantías y los Subgrupos de Prevención y Protección, Investigación y Mujeres y Género. Actualmente, discute los siguientes instrumentos de política: i) Política Pública Integral de Garantías; ii) Reingeniería de la Unidad Nacional de Protección (UNP); iii) Resolución 0845 de 2018 (Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos), iv) Decreto 660 de 2018 (Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios); v) Chat de Reacción Inmediata y vi) Política Pública de Prevención.

El CSPP tiene representación en el Comité Técnico Operativo para la concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la Política Pública Integral de Garantías y diversas instancias nacionales y territoriales del PNG.

2) Paz Total: En noviembre de 2022, el Gobierno de Colombia adoptó la política de Paz Total mediante la Ley 2272, comprometiéndose a fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, abrir diálogos con todos los grupos armados presentes en los territorios y desarrollar un nuevo enfoque de seguridad humana. Aunque la ley establece la participación efectiva de mujeres y sociedad civil, incorporando enfoques diferenciales interseccionales y territoriales con centralidad en las víctimas, ha enfrentado obstáculos que han limitado avances en las mesas de negociación con actores armados.

3) Sentencia SU-546 de 2023. Estado de Cosas Inconstitucional sobre Defensores y Liderazgos Sociales. En diciembre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) debido a la sistemática violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. La sentencia SU-546 de 2023 ordenó medidas para superar la falta de respuesta articulada del Estado y los altos niveles de impunidad que impiden garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

4) Proceso de Reforma de la Policía: Impulsado por el CSPP y otras organizaciones, en diálogo con el Gobierno Nacional tras la violencia policial entre 2019 y 2021, este proceso ha dado lugar a espacios como: i) Mesa por la Reforma Policial (coalición de organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y víctimas de violencia policial); ii) Mesa Asesora Externa (espacio de trabajo entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos para desarrollar un enfoque garantista en seguridad y paz); iii) Interlocución con la Policía Nacional, la ONU y organizaciones de derechos humanos para incidir en la transformación y modernización de la institución.

Como resultado, se han desarrollado protocolos de atención a la protesta social con un enfoque de derechos humanos, regulaciones sobre el uso de armas menos letales y el Decreto 1231, que norma el uso de la fuerza por parte del Estado y la Policía, priorizando la protección de la vida de la ciudadanía.

Los beneficiarios directos del proyecto son 717 personas (392 mujeres y 325 hombres) los indirectos 1.630 (830 mujeres y 800 hombres) integrantes de 145 comunidades y organizaciones sociales en situación de exclusión social o riesgo debido a la defensa o promoción de los derechos humanos y la paz en 5 regiones de Colombia, integradas por 14 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá:

Región Caribe: Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira;

Región centro: Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Casanare;

Región Oriental: Santander y Norte de Santander;

Región Occidental: Antioquia;

Región Suroccidental: Valle del Cauca, Cauca y Pacifico Nariñense.

Los sectores sociales a los cuales pertenecen las comunidades y organizaciones sociales sujeto del proyecto y el número de ellas es el que se indica a continuación:

Campesinos(as) y desplazados(as) (14), organizaciones de mujeres (8), indígenas (4), afrocolombianas(os) (8), víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos (29), estudiantes y jóvenes (18), sindicalistas (10), organizaciones de LGBTI (6), defensoras(es) de derechos humanos y promotoras(es) de paz (37), ambientalistas (11).