El Ayuntamiento de Avilés financia desde 2015 un proyecto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos bajo el nombre “Fortalecimiento y protección de las comunidades campesinas víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de la tierra en Colombia”. En este año, la tercera fase: “Acciones para la restitución de las tierras despojadas a la comunidad de campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz”, la financiación ha sido de 11 413,55 euros.

Breve descripción:

El presente proyecto permitirá que por lo menos 101 familias campesinas que en el año 1996, en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, fueron desplazadas violentamente y despojadas de sus tierras por grupos paramilitares puedan continuar con el proceso de recuperación de sus tierras haciendo cumplir una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia del 12 de mayo de 2016 en la cual se reconoció los derechos de la comunidad desplazada. El fin previsto se alcanzará mediante acciones judiciales para la adjudicación y restitución de las tierras, un plan de organización interna de la comunidad y una estrategia de incidenciajurídico-politica y visibilidad publica.

Contexto.

Históricamente Colombia se ha caracterizado por la persistencia de la violencia, la desigualdad, la exclusión socio-económica y la debilidad de sus instituciones democráticas y de gobierno. El Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia contabiliza, entre el 1 de enero 1984 y el 1 de mayo de 2017, un total 8.421.627 víctimas del conflicto armado, de las cuales 7.175.181, fueron víctimas de desplazamiento forzado, y 984.507 víctimas de homicidio. La crisis humanitaria y de derechos humanos en el país se ha desarrollado en un contexto de desigualdad económica y pobreza; Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es el 8° país más desigual del mundo. La violencia y la desigualdad han afectado mas gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre quienes se cuentan, las comunidades campesinas, los grupos indígenas y los afro- colombianos, y entre ellos, mas duramente a niños(as) y mujeres. Con la firma del acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC el 24 de noviembre de 2016, se inicio el camino para terminar definitivamente el conflicto armado, reparar a las víctimas de la guerra y para reconstruir al país impulsado su desarrollo socio-económico.

El grupo mas numeroso de víctimas en el periodo 1984 – 2017, ha sido el de las comunidades campesinas, a quienes les fueron arrebatadas sus tierras de forma violenta por parte de todos los grupos armados. Entre 1994 y 2012, se calcula que a los campesinos les fueron despojadas entre 6,5 y 10 millones de hectáreas de tierra. La forma de despojo (robo) de tierra más común fue la utilización de la violencia física sobre las poblaciones rurales, la cual por lo general produjo desplazamiento forzado y el abandono del territorio, el cual quedo a merced de los actores armados. En múltiples casos, esa apropiación física y violenta por la vía armada, apareció acompañada adicionalmente de la utilización de alguna figura jurídica con la que el perpetrador adquirió formalmente los derechos sobre la tierra para disponer legal o ilegalmente de ella.

Una de las comunidades a las que les fue despojada su tierra por parte de grupos armados en el país, fue la comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz. En febrero de 1996, los integrantes de esta comunidad, ubicada en el Departamento del Cesar, en la Región Caribe, al nororiente de Colombia, fueron víctimas de homicidios y desplazamiento forzado por parte del grupo paramilitar denominado “Autodefensas de Santander y Sur del Cesar”. Seis años antes, en 1990, la comunidad campesina, conformada por unas 450 familias de campesinos humildes, había iniciado un proceso administrativo para que las autoridades colombianas les adjudicaran la propiedad de las tierras de la hacienda Bellacruz debido a que la Familia Marulanda, un poderoso clan de políticos y hacendados de la región, venia apropiándose de forma ilegal de las tierras de la comunidad; En 1994, la autoridad rural de Colombia, en ese entonces conocida como INCORA, declaró que 1.500 hectáreas de tierra que fueron ilícitamente apropiadas por los Marulanda debían ser adjudicadas a las familias campesinas. El desplazamiento forzado y el terror provocado por los Paramilitares en 1996 impidieron que la adjudicación de tierras fuera posible.

En el año 2009, la totalidad de la Hacienda Bellacruz (actualmente denominada Hacienda La Gloria) fue transferida a la sociedad extranjera La Dolce Vista (Entre cuyos socios se cuentan el Grupo Sinergy y las familia Marulanda y la familia Murgas). En el año 2011 las familias desplazadas, ahora constituidas en dos asociaciones de víctimas, interpusieron una acción constitucional de tutela para exigir que el Estado iniciase los tramites para la adjudicación de las tierras ilegalmente apropiada por los Marulanda y el grupo La Dolce Vista. Ese mismo año la Corte Constitucional seleccionó para su revisión la tutela interpuesta por los campesinos y campesinas desplazadas de Bellacruz; En el marco de este proceso constitucional La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) ha venido asesorando a las víctimas y ha interpuesto recursos judiciales para que la Corte Constitucional reconozca los derechos invocados por las comunidades campesinas desplazadas de Bellacruz. Finalmente, el 12 de mayo de 2016, el máximo tribunal del ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional concedió mediante la Sentencia SU-235/16, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al trabajo y a la vivienda en condiciones dignas de las personas desplazadas de la Hacienda Bellacruz. En esta sentencia la Corte ordenó a la Agencia Nacional de Tierras: a) identificar a los solicitantes de las tierras baldías que fueron objeto de despojo (robo) de la antigua Hacienda Bellacruz, b) establecer cuáles de ellos cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la adjudicación de tierras y c) iniciar el proceso de adjudicación y ocupación de las tierras baldías. Además ordenó un segundo tipo de proceso en el cual la Unidad de Restitución de Tierras debe iniciar todas las diligencias necesarias para la restitución de tierras aquellos campesinos que acrediten haber sido víctimas de desplazamiento de la antigua Hacienda Bellacruz.

Justificación.

La comunidad de víctimas desplazadas de la Hacienda Bellacruz, con el apoyo de la FCSPP, alcanzaron un logro histórico el 12 de mayo de 2016; El máximo tribunal del sistema legal colombiano, la Corte Constitucional, ordenó que las autoridades competentes del Estado Colombiano debían repararlas, y restituirlas en sus derechos. Las órdenes dadas por la Corte para realizar los derechos de las víctimas fueron concretas: Recuperar las tierras baldías despojadas, identificar a los beneficiarios y beneficiarias adjudicar las tierras, e igualmente, restituir a las víctimas que no se encontraban en tierras baldías, previa identificación. Este fallo, en primer lugar, significo que la justicia por fin le cumplía a las víctimas de la comunidad de Bellacruz luego de 21 años de que le fueron despojadas sus tierras, dando paso un escenario en el que las víctimas cuentan con una decisión jurídica que hace exigibles sus derechos. En segundo lugar el fallo generó un precedente jurídico que abrió el camino para que miles de víctimas del despojo de tierras, basados en el derecho a la igualdad, puedan exigir también la restitución de las tierras que les fueron despojadas y la reparación de los daños sufridos.

Entre julio de 2016 y junio de 2017, la FCSPP, con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, emprendió acciones para asegurar el cumplimento del fallo de la Sentencia SU-235/16 de la Corte Constitucional Colombiana, al igual que para fortalecer el tejido social de la comunidad de Bellacruz. En este periodo la Comunidad y la FCSPP alcanzaron importantes logros que deben ser impulsados:1)se consiguió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) iniciara el proceso de identificación integral de las personas beneficiarias de la adjudicación de tierras. Encontrándose, hasta marzo 3 de 2017, un total de 375 personas sujeto de restitución de derechos, 2) se consiguió que la Agencia Nacional de Tierras promulgara el 30 de septiembre de 2016 la resolución N°138 para cumplimiento de la Sentencia SU-235/16 con lo cual se dio inicio al proceso de recuperación de tierras para la adjudicación a las víctimas, 3) La Agencia Nacional de Tierras de Colombia y la Unidad de Gestión de Tierras despojadas (UAEGRTD) empezaron la identificación conjunta las áreas de restitución y 4) se constituyo la “mesa de Tierra y Territorio” en la cual participan organizaciones del Estado Colombiano y organizaciones víctimas del despojo de tierras articuladas, en la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar (CISBCS) entre las cuales se encuentra la comunidad de Bellacruz y con la cual se construyo un plan de acción para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235/16 y de otros casos emblemáticos de restituciones de tierras en la región.

Las acciones desarrolladas con el nuevo proyecto en el periodo 2017 -2018 permitirán alcanzar la plena realización de la Sentencia SU-235/16 logrando la restitución material y jurídica de las tierras que les fueron arrebatadas violentamente a las comunidad campesinas de la hacienda Bellacruz.